El debate fiscal en México suele comenzar con una pregunta: ¿debería el gobierno recaudar más impuestos? Pero esa es solo una parte del problema. La otra es qué ocurre con el dinero una vez que entra al presupuesto y cuánto margen conserva el Estado para invertir, responder a nuevas necesidades y enfrentar una crisis.
Ese fue uno de los ejes de la Conferencia Anual SobreMéxico 2026, realizado en la Universidad Iberoamericana los días 22 y 23 de octubre. El jueves, el panel “Repensando las finanzas públicas: una perspectiva de mediano y largo plazo”, moderado por Pablo Cotler (Ibero), reunió a Héctor Villarreal (TEC), Carlos Serrano (BBVA) y Raymundo Campos (Colmex) para discutir cuánto espacio fiscal le queda realmente al país.
La principal advertencia no fue que México esté al borde de una crisis de deuda, sino que está perdiendo gradualmente espacio fiscal. El concepto es sencillo: antes de financiar nuevas políticas, el gobierno ya debe cubrir compromisos difíciles de modificar, como pensiones, intereses de la deuda, transferencias y otros gastos obligatorios. El espacio fiscal es lo que queda disponible después de pagar esas obligaciones.
Por eso, el problema no es solamente cuánto debe el gobierno, sino cuánto de sus ingresos puede utilizar todavía para salud, educación, infraestructura, seguridad o para responder a una emergencia económica. La discusión mostró que ese margen se ha reducido y que, si la tendencia continúa, México podría enfrentar cada vez más dificultades para convertir sus ingresos públicos en capacidad efectiva de gobierno.
El espacio fiscal se está estrechando
La caída es importante porque cambia la manera en que debemos pensar la reforma fiscal. Si en 2014 casi la mitad de los ingresos presupuestarios podía considerarse disponible después de cubrir compromisos rígidos, para enero-julio de 2026 esa proporción rondaba 29 por ciento. Otra medida presentada en el panel mostraba un descenso de alrededor de 10 por ciento del PIB en 2014 a 8 por ciento en 2025. No son cifras idénticas porque miden el espacio fiscal desde ángulos distintos, pero apuntan a la misma dirección: el gobierno tiene menos libertad presupuestaria.
Eso importa para la vida cotidiana. Cuando el espacio fiscal se reduce, una nueva demanda social compite con obligaciones ya comprometidas. Mejorar hospitales, ampliar escuelas, financiar infraestructura, fortalecer policías o responder a un desastre natural se vuelve más difícil. Y si llega una recesión o un choque externo, el gobierno tiene menos capacidad para actuar sin endeudarse más, aumentar impuestos en un mal momento o recortar otros programas.
Por eso, el debate fiscal en México no debería reducirse a cuánto recaudar. La pregunta de fondo es qué tipo de Estado queremos financiar y si existen las capacidades necesarias para convertir los ingresos públicos en mejores servicios. Una reforma fiscal es, en ese sentido, también una reforma de capacidad estatal.
México cuenta con capacidades técnicas importantes. El SAT ha desarrollado herramientas sofisticadas de fiscalización, facturación electrónica y control, mientras que Hacienda, Banco de México, gobiernos estatales y otros organismos cuentan con especialistas capaces de diseñar reglas, estimar ingresos y construir escenarios fiscales. Pero capacidad técnica no es lo mismo que capacidad de gobierno. Una política puede funcionar perfectamente en una hoja de cálculo y fracasar cuando llega a una administración con poco personal, sistemas de información débiles, un catastro desactualizado o dificultades para coordinarse con otros niveles de gobierno.
El predial es un buen ejemplo. Decir que los municipios deberían recaudar más es relativamente sencillo. Hacerlo requiere catastros actualizados, valuaciones creíbles, sistemas de cobro funcionales, personal capacitado y legitimidad frente al contribuyente. Las personas tienen más razones para aceptar un impuesto cuando entienden quién lo cobra, qué financia y si pueden observar alguna mejora en los servicios que reciben.
Esta fue precisamente una de las conexiones más importantes entre los dos días de discusión de SobreMéxico 2026. El primer día planteó el problema del espacio fiscal: cuánto margen conserva realmente el gobierno después de cubrir pensiones, intereses, transferencias y otros compromisos difíciles de modificar. El segundo acercó ese problema a la ciudadanía en la sesión “¿A dónde va mi dinero? Ciudadanía, contribuciones y rendición de cuentas”.
La discusión pasó entonces de cuánto puede gastar el Estado a qué debe proteger cuando el margen fiscal se reduce. Jorge Cano (México Evalúa) analizó el espacio fiscal frente al paquete económico de 2027; Roberto de la Rosa (TEC) abordó cómo mejorar el gasto educativo; y Lourdes Morales (México Evalúa) llevó el debate hacia la cultura cívica fiscal y los derechos de los contribuyentes.
Vistos en conjunto, estos temas plantean una secuencia sencilla pero fundamental: ¿cuánto margen tiene realmente el gobierno?, ¿qué debe proteger cuando ese margen disminuye?, ¿quién termina pagando cuando los servicios públicos son insuficientes?, y ¿cómo puede saber la ciudadanía si un peso adicional de impuestos produjo un mejor resultado?
Aquí aparece lo que podríamos llamar ciudadanía fiscal. México puede mejorar su capacidad para calcular, cobrar y fiscalizar impuestos, pero una reforma seguirá siendo políticamente frágil si las personas no entienden que pagan, qué nivel de gobierno recibe el dinero, quién decide cómo gastarlo y qué deberían recibir a cambio. Cuando los impuestos se perciben únicamente como una extracción y no como parte de un pacto fiscal, resulta más difícil construir apoyo para reformas duraderas.
Esto también debería cambiar nuestra agenda de investigación. Los futuros estudios sobre reforma fiscal no deberían preguntar solamente cuánto recaudaría un impuesto o quién soportaría su carga. También deberían estudiar quién tiene capacidad para administrarlo, qué nivel de gobierno controla los recursos, cómo se transforma la recaudación en servicios y si la ciudadanía puede observar esa relación.
Oxfam México resume bien esta lógica en su informe de 2026: donde está el dinero, están las prioridades. Por eso, una futura reforma fiscal debería evaluarse no únicamente por los ingresos adicionales que genere, sino por lo que financia, quién se beneficia, qué capacidad existe para implementarla y si el gasto llega efectivamente al servicio previsto.
México probablemente necesitará mayores ingresos públicos. Pero cobrar más no basta. Una reforma sostenible debe ampliar el espacio para gobernar, fortalecer las instituciones que convierten recursos en servicios y hacer comprensible el pacto fiscal para quienes lo financian. De lo contrario, podremos mejorar las cuentas públicas sin resolver el problema más importante: la capacidad del Estado para transformar impuestos en resultados visibles para la ciudadanía.
Los análisis de especialistas de la Universidad Iberoamericana se presentan a nuestros lectores cada 15 días en un espacio coordinado por el Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México.
Comentarios: pablo.cotler@ibero.mx
La autora es profesora-investigadora del Departamento de Economía.