Durante más de seis meses, agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) habrían participado en operaciones de seguridad en Chihuahua con el apoyo de Guillermo Zuany Portillo, un exfuncionario de la Fiscalía estatal que, pese a enfrentar sospechas sobre posibles vínculos con organizaciones criminales, se convirtió en un contacto estratégico para la agencia estadounidense.
Así lo revela una investigación de The New York Times, basada en cientos de páginas de documentos no divulgados y entrevistas con aproximadamente 20 funcionarios mexicanos y estadounidenses, que reconstruye una relación de colaboración iniciada en 2025 y que terminó expuesta después de un accidente ocurrido en abril de 2026, cuando murieron dos agentes estadounidenses y dos funcionarios mexicanos.
El reportaje señala que la CIA buscaba ampliar su presencia operativa en México, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum insistía públicamente en que las agencias extranjeras no podían participar directamente en operaciones dentro del territorio nacional sin las autorizaciones correspondientes.
En ese contexto, Zuany habría facilitado el acceso de agentes estadounidenses a unidades policiales de Chihuahua, permitiéndoles participar en entrenamientos, asesorías tácticas y determinadas acciones contra organizaciones criminales.
Un colaborador con antecedentes bajo sospecha
Uno de los hallazgos de la investigación es que el Gobierno de Estados Unidos había revocado previamente la visa de Zuany por sospechas sobre presuntos vínculos con los mismos grupos criminales que la CIA pretendía combatir.
De acuerdo con una comunicación enviada por funcionarios mexicanos al FBI, revisada por el periódico, la revocación ocurrió meses antes de que comenzara la colaboración con la agencia de inteligencia.
Sin embargo, la CIA habría considerado que Zuany ofrecía una oportunidad para establecer contacto directo con las corporaciones de seguridad estatales.
El periódico sostiene que, a cambio de su colaboración, el exfuncionario recuperó posteriormente su visa estadounidense, aunque una fuente señaló que no recibía pagos directos de la agencia.
La investigación también recoge advertencias que funcionarios mexicanos y estadounidenses habrían realizado sobre los antecedentes del exfiscal.
Testimonios lo relacionan con presuntos actos de corrupción
Los documentos revisados por el medio estadounidense contienen acusaciones contra Zuany por supuestas irregularidades en el ejercicio de sus funciones.
Entre ellas destacan denuncias presentadas por cuatro testigos que lo señalaron por una presunta participación en el asesinato de dos policías ocurrido en 2022, así como por supuestamente intervenir para obstaculizar las investigaciones.
Uno de los testigos solicitó protección después de asegurar que había recibido amenazas contra su vida atribuidas al exfuncionario.
Según personas consultadas por The New York Times, las autoridades estadounidenses incorporaron posteriormente a ese testigo a un programa de protección.
El reportaje también cita declaraciones de funcionarios policiales que describieron la influencia que Zuany presuntamente ejercía dentro de las corporaciones de seguridad de Chihuahua.
No obstante, estas acusaciones corresponden a testimonios y documentos de investigación, sin que la publicación establezca una sentencia judicial que determine su responsabilidad.
Agentes de la CIA acompañaban a policías estatales
La colaboración habría comenzado a tomar forma durante el otoño de 2025, cuando Zuany presentó a un agente estadounidense ante integrantes de la Policía Estatal de Chihuahua.
Según los testimonios recopilados, el agente participó inicialmente en ejercicios de capacitación, observación de prácticas tácticas y evaluación del equipamiento policial.
Posteriormente, otros integrantes de la CIA comenzaron a acompañar a las corporaciones mexicanas durante operaciones contra objetivos relacionados con el narcotráfico.
Los agentes estadounidenses utilizaban equipo táctico, portaban armas y, en determinadas ocasiones, vestían prendas con insignias del Gobierno de Chihuahua.
También llevaban computadoras y tabletas que aparentemente utilizaban para consultar información durante las intervenciones.
Aunque generalmente no participaban directamente en enfrentamientos, el reportaje señala que proporcionaban inteligencia y orientación táctica.
En una operación, un agente estadounidense habría utilizado su rifle para brindar cobertura mientras policías mexicanos ingresaban a un inmueble.
En otra intervención, integrantes de la CIA habrían participado en la revisión de dispositivos electrónicos asegurados y presenciado el interrogatorio de una persona detenida.
Operativos fallidos generaron sospechas
La investigación describe operaciones en las que los objetivos de las autoridades lograron escapar antes de que llegaran los elementos de seguridad.
Uno de estos episodios ocurrió cuando agentes mexicanos y estadounidenses acudieron a un establecimiento donde pretendían detener a un presunto jefe criminal.
Al llegar, el objetivo y sus acompañantes ya habían abandonado el lugar.
De acuerdo con los testimonios, algunos policías mexicanos comenzaron a sospechar que los integrantes de las organizaciones criminales podían estar recibiendo advertencias anticipadas.
Sin embargo, el reportaje no demuestra que existieran filtraciones ni identifica a responsables.
La operación en la sierra que terminó en tragedia
En abril de 2026, la CIA habría participado en su operación más importante hasta ese momento en Chihuahua, dirigida a localizar y destruir un laboratorio clandestino de metanfetaminas en una región montañosa.
La intervención reunió a más de 60 integrantes de corporaciones mexicanas y cuatro agentes estadounidenses.
Según la investigación, durante los preparativos se realizaron reuniones entre personal de la CIA, Zuany y otros funcionarios estatales.
El periódico también señala que grabaciones de vigilancia mostraban a agentes estadounidenses portando armas largas dentro de instalaciones oficiales.
Durante la operación, las fuerzas de seguridad localizaron un laboratorio que aparentemente había estado en funcionamiento recientemente, aunque no encontraron personas en el lugar.
Después de concluir las actividades, el convoy emprendió el regreso durante la noche.
La caravana estaba integrada por nueve vehículos que avanzaban por caminos de montaña, encabezados por una unidad blindada que levantaba polvo y dificultaba la visibilidad.
Después de la medianoche, una camioneta que transportaba a dos agentes de la CIA y dos funcionarios mexicanos cayó por un barranco de aproximadamente 90 metros.
El vehículo explotó y sus cuatro ocupantes murieron.
Las investigaciones mexicanas determinaron que el siniestro fue accidental.
Presuntas instrucciones para ocultar la presencia estadounidense
El accidente desencadenó una serie de investigaciones sobre la participación de agentes extranjeros en operaciones de seguridad en Chihuahua.
Según el reportaje, Zuany no se encontraba físicamente en el operativo, pero recibió una llamada de elementos presentes en el lugar.
Dos fuentes aseguraron que el exfuncionario habría instruido retirar los cuerpos de los agentes estadounidenses y verificar que no portaran insignias del Gobierno mexicano.
Posteriormente, según tres personas consultadas por el periódico, habría presionado a integrantes de las corporaciones estatales para que omitieran la presencia de la CIA cuando fueran interrogados.
Estos señalamientos forman parte de los elementos recopilados en la investigación periodística y están sujetos a la valoración de las autoridades competentes.
Sheinbaum y Maru Campos enfrentaron versiones contradictorias
La revelación de las actividades estadounidenses provocó diferencias entre el Gobierno Federal y la administración estatal encabezada por Maru Campos.
La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su inconformidad y aseguró que su gabinete de seguridad desconocía las actividades de la CIA en Chihuahua.
Asimismo, reiteró que la participación operativa de agentes extranjeros dentro de México constituye un asunto relacionado directamente con la soberanía nacional.
Por su parte, la gobernadora Maru Campos sostuvo que tampoco tenía conocimiento de esas operaciones.
Inicialmente, el Gobierno estatal señaló que un comandante policial fallecido en el accidente habría sido responsable de incorporar a los estadounidenses.
Sin embargo, el reportaje recoge declaraciones atribuidas a Zuany en las que aseguró que la mandataria estatal sí conocía la presencia de la CIA.
Campos rechazó esa afirmación y sostuvo que el exfuncionario debía acudir ante un juez para presentar sus declaraciones.
Posteriormente, ambas mandatarias sostuvieron una reunión en Chihuahua en medio de las diferencias generadas por el caso.
La investigación alcanzó al exfiscal César Jáuregui
Las indagatorias también involucraron al exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui, quien fue detenido después de que las autoridades iniciaran procedimientos judiciales relacionados con la presunta autorización de actividades de agentes extranjeros.
Según The New York Times, Jáuregui negó conocer la presencia operativa de la CIA en Chihuahua y atribuyó la responsabilidad a un mando policial que murió durante el accidente.
El exfuncionario, quien había desarrollado actividades públicas relacionadas con sus aspiraciones políticas en la capital del estado, fue posteriormente trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano.
El caso abrió investigaciones por presuntas conductas relacionadas con el ejercicio de funciones públicas y la participación de personal extranjero en operaciones de seguridad.
Las acusaciones deberán ser resueltas por las autoridades judiciales, bajo el principio de presunción de inocencia.
Zuany rechaza los señalamientos y continúa prófugo
En declaraciones enviadas mediante mensajes de texto a The New York Times, Guillermo Zuany Portillo rechazó las acusaciones sobre su conducta profesional.
“Como siempre, me he desempeñado de forma ética y profesional”, expresó al periódico estadounidense.
También cuestionó la credibilidad de algunas fuentes consultadas por el medio, al considerar que podían existir motivaciones personales detrás de sus declaraciones.
La CIA rechazó emitir comentarios sobre la investigación.
De acuerdo con la publicación, Zuany permanece prófugo mientras las autoridades mexicanas mantienen procedimientos judiciales relacionados con su presunta intervención en las actividades de agentes extranjeros.
El alcance de la cooperación entre México y Estados Unidos
La investigación también expone el contexto político en el que ocurrieron estos hechos.
Mientras el gobierno de Donald Trump buscaba ampliar las acciones contra organizaciones criminales mexicanas, la administración de Claudia Sheinbaum mantenía públicamente una postura de rechazo a las intervenciones operativas de fuerzas estadounidenses dentro del país.
El periódico sostiene que, paralelamente, ambos gobiernos profundizaron determinados mecanismos de cooperación en materia de seguridad e inteligencia.
En ese escenario, el caso de Chihuahua plantea interrogantes sobre los límites de la colaboración bilateral, la autorización de operaciones conjuntas y la responsabilidad de las autoridades que permiten la participación de agentes extranjeros.
También abre cuestionamientos sobre los mecanismos de supervisión de las corporaciones estatales y los procedimientos utilizados para verificar los antecedentes de quienes participan en operaciones de inteligencia.
La muerte de cuatro personas durante el operativo de abril convirtió una colaboración que, según la investigación, se había mantenido fuera del conocimiento público en un asunto de repercusión nacional e internacional.
Mientras continúan los procesos judiciales, las autoridades deberán esclarecer quién autorizó las actividades descritas, qué funcionarios tenían conocimiento de ellas y si existieron violaciones a la legislación mexicana.
El caso mantiene bajo investigación a exfuncionarios de alto nivel de Chihuahua y coloca nuevamente en el centro del debate la relación entre seguridad, cooperación internacional y soberanía nacional.