En teoría, los derechos no deberían estar sujetos a discusión, pero, uno de los que se encuentran en debate constante es el acceso al agua, un líquido vital, y propiamente en Jalisco, el derecho al agua limpia.
Ninguna familia tendría que preguntarse si el agua que llega a su hogar representa un riesgo para su salud, ni salir a las calles para exigir algo tan elemental para vivir con dignidad.
Lo ocurrido en Guadalajara, Jalisco, nos obliga a reflexionar sobre dos derechos fundamentales que toda autoridad tiene la responsabilidad de garantizar: el acceso al agua potable y la libertad de manifestación.
El pasado 11 de octubre, miles de personas participaron en la llamada “Megamarcha por el Agua Limpia”, para exigir soluciones a los problemas de contaminación y mala calidad del agua que desde hace meses afectan a distintas colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Sin embargo, una movilización que debía encontrar respuestas institucionales terminó en enfrentamientos, detenciones y denuncias de uso excesivo de la fuerza. Las imágenes mostraron gases lacrimógenos, chorros de agua a presión y personas sometidas por elementos policiales generaron una profunda indignación.
Ninguna demanda ciudadana debe encontrar como respuesta la represión. El diálogo y el respeto a los derechos humanos deben estar siempre por delante.
Como Senadora de la República y Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, considero indispensable que se investiguen los hechos, se deslinden responsabilidades y se garantice justicia para quienes se les vulneraron sus derechos. Las denuncias de detenciones arbitrarias, malos tratos y posibles actos de tortura requieren investigaciones serias, imparciales y transparentes.
Reconozco que nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo haya solicitado esclarecer lo ocurrido, así como los llamados de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos para investigar la actuación policial.
Toda autoridad tiene la obligación de preservar el orden público, pero nunca a costa de la dignidad humana. Cualquier acto de violencia debe investigarse de manera individual, sin criminalizar a quienes ejercen pacíficamente su derecho a manifestarse.
Este 18 de octubre, miles de personas volvieron a salir a las calles de Guadalajara. A la exigencia de agua limpia se sumó el reclamo de justicia, recordándonos que cuando las demandas sociales no encuentran respuestas oportunas, el descontento crece y la confianza en las instituciones se debilita.
Desde una visión humanista, estoy convencida de que gobernar significa escuchar, atender y resolver, porque detrás de cada exigencia ciudadana hay familias y comunidades que esperan soluciones, no confrontaciones.
Senadora de Michoacán