Cerca de 100 personas habrían sido víctimas de un presunto fraude cometido por la financiera automotriz BEQ Servicios Financieros, cuyos clientes aseguran haber entregado enganches y mensualidades por vehículos que nunca recibieron.
Alrededor de 50 afectados acudieron el miércoles 18 de noviembre a la Fiscalía General del Estado (FGE), Zona Norte, para presentar denuncias por presunto fraude agravado.
Los abogados Sara Ortiz y Darío Félix estimaron que otras 80 personas estaban pendientes de denunciar y calcularon un posible daño económico de 1.5 millones de pesos.
De acuerdo con los testimonios, la empresa promocionaba automóviles mediante Facebook y ofrecía entregarlos en plazos de 72 horas a cinco días, después de recibir un enganche.
Los pagos iniciales oscilaban entre 10 mil y 70 mil pesos, aunque se reportó un caso de hasta 105 mil pesos. Algunos clientes aseguraron haber cubierto entre tres y cinco mensualidades sin recibir sus vehículos.
Los representantes legales señalaron que un mismo automóvil habría sido ofrecido hasta a 10 compradores diferentes.
Detienen a cuatro personas tras enfrentamiento con afectados
Mientras se presentaban las denuncias, un grupo de clientes permaneció afuera del establecimiento, ubicado en avenida Tecnológico y calle Morelia, para impedir que fueran retirados aproximadamente 10 vehículos.
Durante una confrontación, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal detuvieron a cuatro presuntos trabajadores, identificados como Kevin Rubén L. E., Karla Samantha S. M., Yesenia R. F. y Pablo Gabriel V. J., por su probable participación en hechos de amenazas y lesiones.
Personal de la Agencia Estatal de Investigación acudió al lugar para inspeccionar los automóviles, entre los que se encontraban unidades Honda, Hyundai y Kia.
Según documentación proporcionada por los afectados, la razón social de la empresa es BEQ Servicios Financieros S. A. de C. V., con domicilio registrado en Victoria, Durango.
Los abogados anunciaron que organizarán a los denunciantes para dar seguimiento conjunto a las investigaciones.
Hasta el cierre del miércoles, el establecimiento permanecía cerrado y bajo vigilancia de los afectados, quienes solicitaron mayor presencia policial ante el temor de posibles represalias.
Las acusaciones se encuentran sujetas a investigación y, hasta el momento, no se informa de una resolución judicial que determine la responsabilidad de la financiera.