El Gobierno de Estados Unidos reconoció formalmente su culpabilidad en el choque entre un helicóptero militar Black Hawk y un avión comercial de American Eagle ocurrido el pasado 29 de enero, el cual dejó un saldo de 67 víctimas mortales. A través de un documento de 209 páginas presentado por el Departamento de Justicia, las autoridades admitieron que los pilotos del Ejército incumplieron con su deber de vigilancia para evitar otras aeronaves, lo que provocó que ambas unidades cayeran al río Potomac.
Asimismo, el informe judicial señala negligencias por parte de un controlador aéreo en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, quien no acató las regulaciones federales de seguridad, convirtiendo este suceso en el accidente comercial más mortífero en territorio estadounidense en las últimas décadas.
La confesión surge en el marco de una demanda civil interpuesta por familiares de los fallecidos, mientras la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) concluye sus investigaciones definitivas sobre fallos en instrumentos y comunicación. Tras la tragedia, la Administración Federal de Aviación implementó protocolos estrictos, como la eliminación de rutas compartidas entre helicópteros y aviones, además de exigir sistemas avanzados de posicionamiento para reducir riesgos en el congestionado espacio aéreo de Washington D.C.
El desastre ha forzado una reestructuración profunda en la coordinación de vuelos mixtos, buscando evitar que errores humanos y deficiencias tecnológicas vuelvan a comprometer la vida de los pasajeros en una de las terminales más transitadas del país.
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