El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa resolvió inhabilitar por un año a Araly Cristina Paulina del Rocío L. A., quien se desempeñó como directora administrativa de Comunicación Social del Gobierno del Estado en 2018. La exfuncionaria fue encontrada responsable de cometer irregularidades administrativas relacionadas con la adquisición de equipo tecnológico durante su gestión.
La sanción se originó tras detectarse irregularidades en la compra de un equipo de cómputo de alta gama por 352,943.60 pesos y una cámara fotográfica con un costo de 73,269.21 pesos. Ambas transacciones se realizaron bajo la figura de “contratos simplificados”, un mecanismo que no está contemplado en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado. Además, se comprobó que la exfuncionaria presentó un documento apócrifo como supuesto estudio de mercado, que incluía una cotización de una empresa inexistente denominada TK Soluciones en Sistemas S.A. de C.V., de la cual no se encontró registro oficial.
El procedimiento fue iniciado por la Auditoría Superior del Estado (ASE), que detectó las irregularidades durante la revisión de la Cuenta Pública 2018 de la Coordinación de Comunicación Social. A raíz de esto, la ASE presentó denuncias administrativas y penales contra la exdirectora.
La resolución estuvo a cargo del magistrado Luis Eduardo Naranjo Espinoza, titular de la Cuarta Sala Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas, quien determinó que las acciones de la exfuncionaria configuraron abuso de funciones, de acuerdo con el artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Según el expediente 047/2024-1 JRA, la sanción inhabilita a la exservidora pública para ocupar cargos, empleos o comisiones en el servicio público, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas por el periodo señalado. La resolución fue notificada a la ASE como parte denunciante del caso.
