CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La empresa Materiales Triturados Martínez (Matrimar) informó que obtuvo la reapertura de sus operaciones por orden judicial y, de manera paralela, anunció la presentación de una denuncia penal por presunta extorsión contra autoridades estatales, en el contexto del conflicto que mantiene con el Gobierno de Nuevo León tras el cierre de sus instalaciones durante tres meses.
En un comunicado la compañía señaló que la reanudación de actividades se logró “a través de las autoridades judiciales en el Estado, haciendo valer el marco legal y sin intermediación alguna de la clase política estatal, después de tres meses de cierre injustificado”.
Asimismo, afirmó que la acción legal en materia penal se sustenta en un expediente con evidencias que, según la empresa, “confirman el proceder ilegal de distintas autoridades de la clase política estatal”.
Matrimar sostuvo que el litigio tiene un impacto directo en su plantilla laboral y en las comunidades donde opera. “Nuestra defensa jurídica va mucho más allá de un asunto comercial. Es, ante todo, una defensa a nuestra fuerza laboral… de preservar el arraigo de nuestros 500 colaboradores a sus comunidades”, indicó. Agregó que los recursos legales promovidos buscan “proteger el ingreso de cientos de familias y evitar… que el actuar ilegal de políticos les obligue a migrar por falta de empleo”.
La empresa también rechazó los señalamientos públicos sobre presuntos adeudos fiscales o irregularidades ambientales y aseguró que esas versiones buscan desviar la atención del conflicto.
Las falsedades expresadas públicamente… en el sentido que Matrimar opera en el área natural protegida o que debe impuestos, solo ratifican los intentos de desviar la atención sobre los actos de extorsión”, señaló.
El posicionamiento se da en medio de la disputa con el Gobierno estatal por el cobro de contribuciones ambientales y las clausuras aplicadas en meses recientes. Mientras la administración de Nuevo León ha negado la existencia de extorsión y sostiene que sus acciones responden al cumplimiento de obligaciones fiscales y ambientales, el gobernador Samuel García ha cuestionado públicamente las resoluciones judiciales favorables a la empresa, al afirmar que el amparo obtenido por la compañía “para mí no vale”, al insistir en que el caso continúa en litigio por presuntos adeudos.
Por su parte, Matrimar mantiene que enfrenta un caso de “acoso institucional” y que sus operaciones se encuentran dentro del marco legal.
“Mantendremos la defensa del empleo y el desarrollo regional. Lo haremos en tribunales, ante la opinión pública y ante cualquier instancia administrativa necesaria”, concluye el comunicado.
El caso se desarrolla en un entorno de creciente preocupación entre actores del sector productivo por la certeza jurídica en la entidad, a pocos meses de que Nuevo León sea sede del Mundial de la FIFA 2026.