Daniel Arizmendi López, tristemente célebre por mutilar a sus víctimas, recibió una sentencia de absolución por el delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, luego de que la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo determinara que la antigua PGR no presentó pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad directa. Aunque la magistrada también le impuso ocho años de prisión por delincuencia organizada, declaró dicha pena como compurgada dado que el sentenciado ha permanecido recluido desde su captura en agosto de 1998.
No obstante, esta resolución no implica su salida del penal de máxima seguridad CPS-Durango, ya que Arizmendi aún enfrenta otras 17 causas penales y condenas acumuladas que superan los 390 años de cárcel, por lo que su libertad inmediata se limitó exclusivamente a este proceso específico debido al principio de presunción de inocencia.
En un giro legal paralelo, Dulce Paz Venegas Martínez, pareja sentimental de Arizmendi, obtuvo recientemente un amparo que dejó sin efecto el auto de formal prisión dictado en su contra hace 26 años por los delitos de secuestro y delincuencia organizada. El Tribunal Federal determinó que su proceso debió tramitarse bajo el fuero común y no en el federal, ordenando que el caso sea turnado a un juez de la Ciudad de México para corregir las irregularidades detectadas en la atracción del expediente por parte de la desaparecida Procuraduría General de la República.
Mientras se resuelve su situación jurídica en el ámbito local y se investigan presuntas agresiones de tortura, Venegas permanecerá internada en el Centro Penitenciario de Santiaguito, marcando una etapa de revisiones judiciales críticas sobre las actuaciones de finales de los años noventa.