La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, no podrá ser sometida a un proceso de revocación de mandato porque venció el plazo de tres meses después del tercer año de gobierno, resolvió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En su sesión de este miércoles, el pleno confirmó la resolución del Tribunal Electoral de Baja California y el acuerdo del Instituto Estatal Electoral de Baja California que establecen la viabilidad jurídica de los lineamientos para la recopilación de firmas ciudadanas, aplicables a partir del periodo de ejercicio de quien resulte electa o electo en el próximo proceso electoral local.
La Sala Superior consideró que existe un impedimento constitucional para sujetar a la actual gubernatura a un procedimiento de revocación de mandato, ya que la Constitución prevé plazos específicos para su solicitud, los cuales ya han transcurrido.
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Asimismo, se determinó que no existe inconstitucionalidad en que las legislaturas locales definan la temporalidad de aplicación de este mecanismo, pues el Constituyente Permanente no impuso una obligación de aplicación retroactiva.
En la discusión de este proyecto no hubo discusión en el pleno de la Sala Superior, y el proyecto fue aprobado por unanimidad de los magistrados.