MORELIA, Mich., (apro) .- Deudos de pensionados de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) abordaron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su visita, el viernes 6 de febrero, a Morelia. Le solicitaron su intervención para el pago de prestaciones pendientes desde 2018, mismas sobre las que la rectora nicolaita, Yarabí Ávila González, ha advertido que no se cubrirán por tratarse de adeudos heredados.
Tras concluir la conferencia mañanera ofrecida en las instalaciones de la XXI Zona Militar, el vehículo de la presidenta fue interceptado por integrantes del Comité Legado Vindicación, quienes, al grito de “¡pagos de marcha!” y “¡seguros de vida!”, le entregaron un documento en el que explican la problemática que enfrentan.
El Comité ha denunciado adeudos a cerca de 400 maestros jubilados —algunos de ellos ya fallecidos— correspondientes al periodo de 2018 a 2025. Se trata de prestaciones no pagadas, como el seguro de vida y el pago de marcha, contempladas en su contrato colectivo de trabajo.
“Son derechos adquiridos que, aunque no representan grandes montos por familia, para nosotros significan la posibilidad de cubrir préstamos e intereses derivados de los gastos funerarios de nuestros familiares”, señalaron.
Con pancartas de colores y sorteando a los elementos de seguridad que resguardaban a la presidenta, los manifestantes acusaron omisión por parte de la rectora Yarabí Ávila, quien, acusaron, “ha priorizado, por ejemplo, la elaboración y develación de placas con su nombre”. Asimismo, reprocharon que el gobierno estatal, encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla, haya optado por la inacción.
El pasado 15 de enero, la rectora descartó la posibilidad de cubrir los pagos, al argumentar que la UMSNH no cuenta en 2026 con recursos etiquetados para saldar los adeudos heredados.
Esta es la tercera ocasión en que los docentes pensionados y los deudos de quienes han fallecido solicitan la intervención de la Presidencia de la República. En la primera no obtuvieron respuesta y, en la segunda, fueron canalizados al Centro de Conciliación Laboral, una vía que consideran inviable “por el tiempo que implican los procedimientos, el costo económico y humano que representan, la depreciación del dinero adeudado, así como por nuestra condición de edad y salud”.