ENSENADA, B. C., (apro) .- Luego de 14 horas de audiencia, el exgobernador de Baja California y actual dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT), Jaime Bonilla Valdez, fue imputado por los delitos de abuso de autoridad, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades.
Dicha audiencia inició a las 09:00 horas del miércoles 18 de marzo en el Centro de Justicia del Río Nuevo, en el municipio de Mexicali, pero fue suspendida debido a problemas con la energía eléctrica; por lo anterior, se trasladaron a las instalaciones del Poder Judicial, donde concluyeron alrededor de la medianoche, según reportaron medios locales.
Tras esto, el Juez de Control fijó la audiencia de vinculación a proceso para el lunes 23 de marzo en la Sala 6 del centro citado.
En el caso de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), expuso 18 tomas de elementos de prueba recabados en contra del exsenador, identificado ahora como Jaime “N”, debido al proceso legal.
Conforme documentaron medios de comunicación de la capital bajacaliforniana, uno de los elementos de prueba fue que el contrato plurianual firmado con la empresa Next Energy al parecer no cumplió con ninguna de las fracciones del artículo 13 de la Ley de Asociaciones Público Privadas.
También fue señalado que el exsenador presuntamente utilizó sus atribuciones constitucionales y legales como gobernador para estructurar y posibilitar la contratación, a pesar de que se trataba de una competencia federal.
En su defensa, y de manera previa, Jaime “N” declaró a la prensa que en ningún momento se mencionó que el gobierno estatal de su periodo “había informado sobre la construcción de la planta y que la única encargada de ese tema era la empresa Next Energy”.
También aseguró que los diputados de ese tiempo cuentan con supuesta responsabilidad por votar a favor de que se cedieran las partidas federales a la empresa, iniciando con los 123 millones de pesos que posteriormente la banca Afirme retuvo y que finalmente terminaron regresando al Estado.
El exgobernador se mostró extrañado de que ninguno de estos involucrados hubiera sido citado e insistió en sentirse “agraviado” por parte de la administración actual de Marina del Pilar Ávila Olmeda.
Conforme ha sido documentado, el Número Único de Caso 0-2022-06977 refiere la contratación de la empresa Next Energy para construir una planta fotovoltaica que daría suministro eléctrico al acueducto Río Colorado que provee agua a Tijuana y las ciudades de la Zona Costa de la entidad.
La Secretaría de energía del Gobierno de México durante la administración de Andrés Manuel López Obrador negó los permisos de esta obra al considerar que se trata de una facultad federal.
“Se extralimitaron en sus funciones”: Marina del Pilar
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, declaró a la prensa el jueves 19 de marzo que han “venido trabajando en el tema” y “defendiendo el patrimonio de los bajacalifornianos”, tras ser consultada sobre la audiencia contra Jaime “N”.
“Se extralimitaron en sus funciones: un contrato en el cual, ustedes saben que el tema de energía es un tema completamente federal, no local. Se hizo una licitación por parte de una autoridad estatal para un tema de energía en el cual no se contaba todavía con los permisos correspondientes, en aquel momento”, dijo.
La mandataria estatal enfatizó que “se comprometían recursos y participaciones federales” de la población.
“Y esa fue la situación principal que nosotros combatimos: el que no podíamos arriesgar recursos de las y los bajacalifornianos por un proyecto que, todavía en ese momento, no contaba con los permisos necesarios y que, incluso, no era la autoridad competente para firmar una licitación como la que se llevó a cabo con la planta fotovoltaica que no tenía los permisos federales que correspondían en ese momento”, detalló Marina del Pilar.