MORELOS (apro) .- El subsecretario de Gobierno, Miguel Ángel Peláez Gerardo, negó que Sandra Rosa Camacho Flores —asesinada a balazos en su casa— fuera activista indígena y defensora de los derechos afromorelenses. Defensoras comunitarias calificaron sus declaraciones como “machistas, misóginas y patriarcales” y exigieron a la gobernadora Margarita González Saravia evaluar su desempeño y capacitarlo en perspectiva de género y derechos humanos
En entrevista con medios, el funcionario aseguró que, pese al feminicidio de Sandra Rosa durante el periodo vacacional de Semana Santa, la población de Temoac se mantiene tranquila.
“Está tranquila la población, está tranquilo todo. Espero que todo se desarrolle en un ambiente de tranquilidad durante esta temporada de Semana Santa en Morelos”, expresó.
Cuando se le preguntó si la víctima había solicitado la activación del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Peláez Gerardo respondió:
“No es defensora de derechos humanos ni tampoco periodista. La información que yo manejo es en ese sentido”.
Lo anterior, a pesar de que el Gobierno del Estado de Morelos publicó un comunicado en el que reconoció a Sandra Rosa Camacho Flores como “habitante del municipio de Temoac y reconocida líder social”, mientras que la Secretaría de las Mujeres del estado emitió un pronunciamiento institucional en el que la destacó como “una mujer comprometida con su comunidad”.
El asesinato de Camacho Flores ocurrió el jueves en su vivienda. La excandidata era también reconocida como militante del Partido del Trabajo (PT) y como integrante activa de su comunidad, participando en organizaciones como la colectiva Mujeres Indígenas Líderes Comunitarias y coordinadoras de grupos culturales indígenas y populares de Tepoztlán.
Hasta el cierre de esta información, la Fiscalía de Morelos —encabezada por Fernando Blumenkron Escobar— no ha dado a conocer avances en la investigación ni posibles líneas sobre el crimen.
ONG critican declaraciones del subsecretario de Gobierno
Integrantes de la colectiva Mujeres Indígenas Líderes Comunitarias y coordinadoras de grupos culturales indígenas y populares de Tepoztlán reprobaron las declaraciones de Peláez Gerardo sobre el asesinato de Sandra Rosa Camacho Flores.
“Me parece muy lamentable que minimice el trabajo que la compañera Sandra venía realizando en la comunidad, porque además sus padres son dos luchadores sociales. Se minimiza la labor comunitaria que ella desarrollaba de manera generacional”, afirmó Karina Vara, integrante de la colectiva.
Señaló que la declaración del funcionario también ignora la ola de violencia que afecta la región, donde en lo que va del año se han registrado seis feminicidios, incluido el de Camacho Flores.
Las entrevistadas destacaron que Sandra provenía de una familia con historia de activismo: su madre fue la primera regidora por el PRD en Temoac, y sus padres han participado durante años en la organización política y social de la comunidad. “No empieza Sandra su trabajo ahora; viene desde la lucha que sus padres han sostenido en Temoac. Minimizar eso implica desconocer la historia de las comunidades”, señaló Fabiola Del Jurado.
Las integrantes de la colectiva criticaron que, pese a los llamados de la víctima para reforzar la seguridad en su comunidad, las autoridades hayan restado importancia a los riesgos que enfrentaba. “Es un asunto de violencia institucional tratar de minimizar la voz de la compañera Sandra y el trabajo que tenía, y luego decir que todo está tranquilo, cuando sabemos que no es así”, añadió Delia Ramírez.
El contexto previo al asesinato incluye denuncias directas de Sandra Rosa ante la gobernadora por extorsión y “cobro de piso” en Temoac, así como denuncias sobre bloqueos de carreteras por conflictos locales, en los que, según testigos, Peláez Gerardo “trata muy mal a la gente” y evidencia falta de tacto en su labor.
Del Jurado señaló que la declaración del subsecretario refleja una postura “muy machista y patriarcal, incluso un tanto misógina, cuando no tendría que tenerla”, al negar que Sandra fuera activista y defensora de derechos humanos, pese a evidencias de su trabajo comunitario y político. Agregó que la gravedad de esta postura se acentúa en un estado donde, desde 2015, existe alerta de violencia de género y donde, en la zona, los feminicidios y la violencia contra las mujeres son una constante.
En este sentido, las integrantes de la colectiva pidieron al gobierno estatal revisar de manera seria la actuación de Peláez Gerardo y capacitarlo en perspectiva de género y derechos humanos. “Me parece, además de lamentable, muy violento institucionalmente. Él tiene la obligación de atender de la mejor manera y no seguir violentando”, concluyó Delia Ramírez.