CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que enviará al Congreso de la Ciudad de México un paquete de reformas para tipificar el delito de “hostigamiento coercitivo” y sancionar como grave la tentativa de extorsión.
“Estaremos entregando un paquete de reformas al Código Penal para presentar, tanto lo necesario para alinearnos con las Reformas federales que se hicieron, como también —como ya se dijo acá— un nuevo tipo penal, un nuevo delito que le llamamos: coerción, que le llamamos, lo que conocíamos como ‘tentativa a la extorsión’, hoy estamos presentándolo ya como hostigamiento coercitivo”, señaló la mandataria este lunes 13 de abril en la firma del Pacto contra la Extorsión con autoridades, empresarios, organizaciones sociales y representantes de los tres poderes.
Desde el acto, realizado en el Centro Cultural del México Contemporáneo, Brugada planteó que el nuevo pacto forma parte de una estrategia que busca incorporar a la ciudadanía en la denuncia del delito, en un contexto en el que el propio gobierno reconoce limitaciones en los registros oficiales.
“Tenemos que partir de una realidad: el delito de extorsión no es retomado por la ciudadanía fácilmente para su denuncia, porque la ciudadanía tiene miedo. Entonces, hay, y hay que decirlo claramente, hay un subregistro. Es decir, existe extorsión que no se traduce totalmente en denuncias”, reconoció la morenista.
El evento reunió al presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, Rafael Guerra; al presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Jesús Sesma; a la fiscal general de Justicia capitalina, Bertha Alcalde; y al secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, junto con representantes del Gobierno de México, alcaldías, sector empresarial, académico y organizaciones civiles.
Durante su intervención, Brugada sostuvo que el pacto busca “romper el silencio” y construir una respuesta colectiva frente a la extorsión.
Gabinete especializado
El jefe de la policía, Pablo Vázquez, informó que entre enero de 2025 y marzo de 2026 fueron detenidas 335 personas —310 por extorsión y 25 por tentativa—, lo que representa un aumento de 30% respecto al año previo.
Añadió que el modelo se basa en fortalecimiento normativo, promoción de la denuncia, incremento de capacidades institucionales y coordinación interinstitucional, y adelantó la creación de un gabinete especializado contra la extorsión, la instalación de inhibidores de señal en centros penitenciarios y un centro de atención inmediata.
Por su parte, la fiscal capitalina refirió que las órdenes de aprehensión por extorsión aumentaron 45% en el primer trimestre de 2026 frente al mismo periodo de 2025 y 170% respecto a 2019.
“Esto significa algo muy concreto: más personas que cometen este delito están siendo detenidas y llevadas a la justicia”, consideró.
El titular del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), Salvador Guerrero Chiprés, informó que el 87.5% de los reportes corresponden a tentativas de extorsión y que las extorsiones consumadas registraron una disminución de 29.2% respecto a agosto de 2025.
Por su parte, el secretario ejecutivo del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, Ramón Beltrán Arellano, advirtió que “8 de cada 10 víctimas no denuncian inicialmente, principalmente por miedo o desconfianza”, lo que limita el alcance de las cifras oficiales.
La firma de este pacto ocurre a cuatro meses de que la jefa de Gobierno anunciara, el 18 de diciembre de 2025, la conformación de un frente común metropolitano para combatir el delito de extorsión en el área del Valle de México, en coordinación con los gobiernos del Estado de México, Morelos, Guerrero, Puebla, Hidalgo y Tlaxcala.