El gobierno de Chiahuhua pidió la intervención del gobierno federal en el municipio de Guadalupe y Calvo ante la violencia de los gurpos criminales que han obligado el desplazamiento forzado de familias en la Sierra Tarahumara.
Durante una conferencia de prensa, Enrique Rascón Carrillo, secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas e integrante de la Comisión de Desplazamiento Forzado Interno, señaló que un gran número de familias, principalmente indígenas, han abandonado sus hogares ante la disputa territorial de las organizaciones delictivas.
Rascón Carillo aclaró que el combate al crimen organizado corresponde al gobierno federal, pero el estado ha asumido su responsabilidad para atender a las personas desplazadas y proteger sus derechos.
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Sin embargo, ante la magnitud de la violencia en el municipio, el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum debe tener una mayor participación, afirmó.
En ese sentido, exigió a la federación cinco puntos para que se tomen a consideración para hacer frente a esta situación:
- Incorporar el desplazamiento interno como tema permanente en las mesas de construcción de paz a nivel federal
- Integrar este fenómeno a la agenda del gabinete de Bienestar para reforzar la atención en alimentación, salud, vivienda y edicación
- Fortalecer la estrategia federal de seguridad en los municipios serranos y desarticular las estructuras criminales
- Restablecer los servicios federales en las comunidades afectadas
- Destinar recursos específicos para la atención del desplazamiento forzado interno en el Presupuesto de Egresos.
Por su parte, la subsecretaria de Normatividad y Asuntos Jurídicos, Sahara Cárdenas, y la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, Norma Ledezma, señalaron que activaron los mecanismos de acompañamiento y habilitaron alberguestemporales con artículos de primera necesidad para las familias desplazadas.
Adicionalmente, brindaron apoyo psicológico y jurídico, restituyeron documentos personales y los acompañan para lograr un retorno seguro.
A pesar de que el gobierno de Chihuahua pidió la intervención del gobierno federal para atender la situación, aseguró que continuará con su responsabilidad de brindar protección a las familias desplazadas y fortalecer la presencia institucional en la Sierra Tarahumara.