Fuentes explicó que los promoventes cuentan con un plazo de 10 días hábiles para determinar si recurren la resolución, periodo que comienza a contabilizarse una vez que cada uno sea notificado formalmente sobre el sentido de la sentencia.
“Hasta este momento nosotros nos daríamos cuenta cuando se los emplace, precisamente como terceros interesados”, señaló el funcionario al ser cuestionado sobre la posibilidad de que la resolución sea impugnada.
El secretario del Ayuntamiento sostuvo que la sentencia emitida por una jueza federal negó el amparo respecto de prácticamente todos los actos reclamados relacionados con el proyecto, aunque concedió la protección respecto de la resolución estatal de impacto ambiental, sujeta al cumplimiento de diversas medidas técnicas.
Entre las condiciones establecidas se encuentran la instalación de una doble barrera de impermeabilización, un dictamen elaborado por una unidad acreditada, una red de pozos de monitoreo y la realización de una reunión pública de información.
Fuentes indicó que dichas medidas serán atendidas por el Municipio en coordinación con el Gobierno del Estado, conforme a lo establecido en la resolución judicial.
Finalmente, señaló que la sentencia es un documento de orden público y será puesta a disposición de la ciudadanía para su consulta, al considerar que el contenido íntegro del fallo permitirá conocer con precisión sus alcances y las condiciones establecidas por la autoridad judicial.