Liliana Reyes, titular del Centro de Traductores e Intérpretes del Poder Judicial, destacó que la certificación representa un avance para reconocer la diversidad lingüística y generar condiciones que permitan a las comunidades indígenas ejercer plenamente sus derechos.
Señaló que la labor de los traductores va más allá de trasladar palabras del rarámuri al español, pues representan un puente de comunicación y diálogo entre las personas de los pueblos originarios y las instituciones.
Asimismo, reconoció la participación de organismos como la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac) en este programa, al considerar que la coordinación interinstitucional permite impulsar acciones en beneficio de las comunidades de la sierra.
Reyes subrayó que las instituciones deben estar preparadas para atender la diversidad lingüística con sensibilidad y garantizar que todas las personas puedan comprender y ser comprendidas.