El estudio señala que, a nivel nacional, apenas el 7.1 por ciento de los casos investigados por los órganos de fiscalización superior termina en algún tipo de sanción emitida por los tribunales de Justicia Administrativa.
En el caso de Chihuahua, la Auditoría Superior del Estado (ASE) ha conseguido 69 sanciones, cifra que la coloca en el segundo lugar nacional, únicamente por debajo de Nayarit, que registra 97, y por encima de Zacatecas, con 63.
Transparencia Mexicana explicó que el análisis revisó los resultados obtenidos desde 2015, cuando los órganos de fiscalización recibieron mayores facultades para investigar faltas administrativas graves relacionadas con corrupción.
La organización consideró que, aunque la eliminación de la inmunidad procesal puede contribuir a combatir la corrupción, también es necesario fortalecer los mecanismos para que las investigaciones concluyan en sanciones y evitar la impunidad.
Los resultados serán presentados ante el Congreso de la Unión como parte de la discusión de posibles reformas a la Ley de Fiscalización Superior.