El funcionario señaló que esta protección jurídica permitiría al auditor realizar su trabajo sin estar sujeto a presiones de quienes encabecen el Poder Ejecutivo, fortaleciendo las labores de revisión y vigilancia sobre el manejo de los recursos públicos.
De la Peña respaldó la propuesta al considerar que garantizar condiciones de autonomía e independencia para el órgano fiscalizador contribuiría a evitar que su actuación sea condicionada por intereses políticos y permitiría una mayor confianza en su función de vigilancia.