Monterrey, NL.– Especialistas fiscales advirtieron que las nuevas facultades del Servicio de Administración Tributaria (SAT) podrían provocar una “ola expansiva” de cancelaciones de sellos digitales, alcanzando incluso a empresas cumplidas que hayan realizado operaciones legítimas con compañías posteriormente señaladas como factureras.
Durante el Encuentro Empresarial 2026 de Coparmex Nuevo León, Alfredo Esquivel Boeta, integrante del Comité Ejecutivo Nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, señaló que las modificaciones a los artículos 69-B y 49-BIS del Código Fiscal de la Federación amplían el alcance de las acciones contra operaciones presuntamente simuladas.
El especialista planteó que una empresa formal podría enfrentar problemas económicos y comenzar a combinar operaciones reales con facturas falsas. En ese escenario, las consecuencias fiscales podrían extenderse hacia otros contribuyentes que mantuvieron relaciones comerciales legítimas con ella.
Cancelación de sellos frenaría facturación
Uno de los principales riesgos advertidos es la cancelación de los certificados de sello digital, indispensable para emitir facturas electrónicas.
De acuerdo con los especialistas, una empresa afectada podría permanecer al menos 24 días sin posibilidad de facturar mientras busca aclarar su situación, con las consecuencias operativas y financieras que esto implicaría.
Arturo Garza Mátar, socio fiscal de Garrigues, advirtió que las empresas que hayan interactuado con una compañía señalada por simulación podrían quedar sujetas a revisión, por lo que recomendó reforzar los controles internos y la documentación de las operaciones.
Hasta ahora, señalaron, el SAT ha identificado en el Diario Oficial de la Federación a 14 empresas como presuntas emisoras de comprobantes relacionados con operaciones simuladas, aunque los especialistas consideran que las acciones podrían ampliarse.
Recomiendan preparar defensa documental
Ante este escenario, los expertos recomendaron a las empresas implementar protocolos preventivos y conservar documentación suficiente para acreditar que sus operaciones son reales.
Esto implica estar en condiciones de demostrar la legalidad y materialidad de las transacciones desde los aspectos jurídico, operativo, económico y financiero, especialmente porque los tiempos para reaccionar ante una actuación de la autoridad fiscal pueden ser reducidos.
La advertencia para el sector empresarial es clara: ya no bastaría con mantener en orden la situación fiscal propia, sino que cobraría mayor importancia verificar y documentar adecuadamente las operaciones realizadas con proveedores y socios comerciales.