A 12 años de la desaparición de los 43 normalistas… el reanálisis de miles de comunicaciones telefónicas realizado por la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una de las líneas de investigación más relevantes del caso Ayotzinapa en los últimos años: determinar qué ocurrió con los teléfonos celulares de los estudiantes desaparecidos y quiénes los utilizaron después de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Durante la presentación de los avances del caso, Mauricio Pazarán Álvarez, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), explicó que la revisión de los registros telefónicos permitió reconstruir con mayor precisión las comunicaciones ocurridas durante las horas críticas de la desaparición de los 43 normalistas.
El fiscal señaló que el objetivo no era únicamente identificar a quién pertenecía un número telefónico, sino reconstruir la red de contactos.
“Hoy sabemos quién se comunicó con quién, cuántas veces, en qué momento y, por ende, investigar la relación entre esas personas”, explicó en conferencia de prensa este 28 de septiembre de 2026.
El análisis permitió identificar comunicaciones entre integrantes de Guerreros Unidos, policías municipales y estatales, servidores públicos y particulares, además de establecer patrones de comunicación por frecuencia e intensidad durante los horarios considerados de mayor relevancia para la investigación.
“Estas comunicaciones también vinculan algunas personas con establecimientos y servicios que pudieron tener relevancia para la investigación, como las funerarias”, aseveró el funcionario.
Los teléfonos de los estudiantes se siguieron utilizando… por funcionarios y empresarios funerarios
Uno de los hallazgos más importantes fue que algunos equipos telefónicos asociados con los estudiantes continuaron generando información útil incluso después de la desaparición de los normalistas, pues algunos de ellos fueron utilizados horas y días después de la desaparición de los jóvenes, incluso por parte de funcionarios y empresarios locales.
Entre ellos destaca el caso del teléfono de Julio César Mondragón, el joven normalista al que se le desolló el rostro durante los hechos ocurridos aquella noche en Iguala.
Según explicó Pazarán Álvarez, el reanálisis permitió establecer que el 4 de octubre de 2014, ocho días después de los hechos de Iguala, ese equipo fue utilizado por Rodolfo Rueda, empresario propietario de las funerarias El Ángel y Funeral Económico Rueda. quien ya fue detenido junto a algunos de sus familiares.
El seguimiento a las comunicaciones detectadas permitió a la Fiscalía identificar que Rodolfo “N” sostuvo ocho llamadas con Irving “N”, quien en 2014 era estudiante y actualmente es nutriólogo, entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de ese año.
Además, las investigaciones establecieron que Irving también mantuvo contacto con los mismos integrantes de Guerreros Unidos, lo que fortaleció una línea de investigación previamente abierta sobre la posible participación de funerarias y hornos crematorios en el caso.
“A partir de este reanálisis se fortaleció particularmente la línea de investigación que años atrás había abierto en relación con las funerarias y hornos crematorios”, afirmó Mauricio Pazarán Álvarez, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA).
El fiscal explicó que Rodolfo “N” y su familia no solo eran propietarios de las funerarias que posteriormente fueron cateadas y aseguradas, sino que también eran concesionarios del Servicio Médico Forense (SEMEFO) y participaban en la administración del panteón municipal.
Según la investigación, esa concentración de funciones les permitía intervenir en todo el proceso relacionado con el manejo de un cadáver, desde su levantamiento e identificación hasta la certificación de la causa de muerte, su resguardo y la autorización para su inhumación o cremación, hallazgos que derivaron en cateos, aseguramientos y detenciones.
👥 Estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos recuerdan las promesas que realizó el expresidente Andrés Manuel López Obrador sobre el caso Ayotzinapa durante las movilizaciones de este sábado por los 12 años por los 43 normalistas.
🗣️ La consigna hizo referencia a… pic.twitter.com/YHVhHXK5px
— La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) September 27, 2026
Esposa de funcionario usó celular de normalista
Como parte del reanálisis de la telefonía, la Fiscalía también estableció que el teléfono celular del normalista Israel Caballero Sánchez continuó siendo utilizado después de su desaparición.
De acuerdo con la investigación presentada por el fiscal especial Mauricio Pazarán Álvarez, el equipo terminó en poder de la esposa de un exservidor público municipal adscrito a la barandilla de Iguala, lugar donde se sospecha que pudieron ser llevados los normalistas, quien hizo uso del dispositivo tras los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Comunicaciones entre Guerreros Unidos y empresarios funerarios
La investigación también reveló que integrantes de Guerreros Unidos conocidos como La Gaby, El Chucky y El Gusano mantuvieron comunicación directa con Rodolfo “N” durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Los dos primeros ya fallecieron, mientras que El Gusano continúa siendo identificado dentro de las investigaciones.
Las autoridades señalaron que Rodolfo “N” sostuvo además ocho comunicaciones con Irving “N”, quien en ese momento era estudiante y actualmente es nutriólogo.
La Fiscalía indicó que Irving también registró comunicaciones con los mismos integrantes de Guerreros Unidos durante esas horas.
“Es importante puntualizar que el 26 de marzo del año 2026 localizamos los primeros restos óseos ocultos, enterrados en la parte trasera del SEMEFO. Los estudios periciales identificaron que este resto humano coincidía genéticamente con otro fragmento localizado por la Fiscalía el 17 de diciembre del año 2021 a 123 kilómetros de distancia del SEMEFO, en camino a las antenas de Mezcaltepec, en el municipio de Taxco, Guerrero”, puntualizó el Fiscal.
“Este hallazgo abrió nuevas preguntas sobre el traslado y el destino de estos restos. Los antecedentes documentados sitúan a la operación del SEMEFO de Iguala en manos de la familia Rueda Mason desde el año 2010. esto bajo supervisión del gobierno del estado de Guerrero. Este dato nos obliga a examinar tanto la actuación de quienes lo operaban como el alcance de la supervisión pública”.