La protesta, encabezada por el abogado Felipe Acosta, impidió el ingreso de personas al recinto gubernamental, aunque se permitió la salida del personal. Además, los manifestantes cerraron un tramo de la calle Aldama, entre las avenidas Guerrero y Venustiano Carranza, sin extender el bloqueo a otras vialidades para evitar mayores afectaciones a la ciudadanía.
Acosta denunció que la falta de coordinación entre la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Superior de Justicia ha impedido que los bienes asegurados sean entregados al liquidador para comenzar con la devolución de recursos a las víctimas. Afirmó que los inmuebles permanecen en esta situación desde hace cuatro años y medio, mientras continúan los procedimientos legales que, según señaló, retrasan su aprovechamiento.
El abogado indicó que hace tres semanas expuso el problema al encargado del despacho de la Fiscalía, Francisco Sáenz, y a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia. Según su versión, durante la reunión se estableció como plazo el lunes 30 de noviembre para concretar algún pago; sin embargo, ante la falta de avances, los afectados decidieron manifestarse para presionar a las autoridades y exigir resultados.