El juzgador enfatizó que el sistema de justicia penal contempla diversas medidas cautelares que deben valorarse de manera prioritaria, señalando que la prisión cautelar requiere de una justificación específica y no debe aplicarse de forma automática. En su análisis, el juez desestimó que los recursos económicos del imputado representen, por sí solos, un riesgo inminente de sustracción de la justicia.
Aunque la defensa propuso alternativas más rigurosas —incluyendo el pago de una garantía económica, la prohibición de acudir a la Fiscalía y el uso de un brazalete electrónico de localización—, la autoridad judicial determinó que el exfuncionario enfrentará el procedimiento bajo las siguientes medidas cautelares:
Entrega inmediata de sus documentos migratorios ante el Poder Judicial.
Firma periódica con frecuencia mensual ante la autoridad correspondiente.
Prohibición estricta de acercarse a los testigos vinculados al caso.
Con esta resolución, Jáuregui Moreno queda formally sujeto al procedimiento judicial, garantizando su presencia en las etapas subsiguientes sin necesidad de permanecer recluido.