El jefe de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, reavivó los señalamientos sobre la presunta participación de funcionarios mexicanos en la red de corrupción relacionada con el asesinato del agente Enrique “Kiki” Camarena, ocurrido en México en 1985.
Durante un evento en Pensilvania, y a pocos días del inicio de la Semana del Listón Rojo, campaña estadounidense de prevención del consumo de drogas creada después del asesinato de Camarena, Cole recordó el caso y apuntó directamente hacia la corrupción existente en México durante aquella época.
“Les pido que apoyen la Semana del Listón Rojo, que rinde homenaje a ‘Kiki’ Camarena, un agente de la DEA que fue capturado, torturado y asesinado en México bajo la corrupción de las autoridades mexicanas”, declaró.
Cole no profundizó en los nombres de los funcionarios presuntamente involucrados. Sin embargo, una acusación presentada ante una corte federal estadounidense en 1990 señaló que servidores públicos mexicanos habrían brindado protección a integrantes del Cártel de Guadalajara durante el periodo en que ocurrió el crimen.
Entre los personajes mencionados históricamente en ese expediente se encuentran Manuel Ibarra, entonces vinculado con la Policía Federal Judicial, y Miguel Aldana, quien encabezó la oficina de Interpol en México, además de integrantes de la organización criminal encabezada, entre otros, por Rafael Caro Quintero.
Caro Quintero enfrenta actualmente un proceso ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York por diferentes cargos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada. Entre las acusaciones estadounidenses se encuentra una conspiración para asesinar a personas que representaban una amenaza para sus actividades criminales.
Las declaraciones de Cole adquieren relevancia porque durante los últimos meses el funcionario estadounidense ha insistido en que la corrupción política y gubernamental en México representa un elemento que facilita las operaciones de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
El jefe de la DEA también ha advertido que la administración estadounidense buscará llevar ante la justicia a funcionarios o políticos que, de acuerdo con sus investigaciones y siempre que existan elementos probatorios, hayan colaborado con organizaciones criminales.