El recurso fue presentado por el abogado Edgar Oswaldo Torres Sandoval, dentro de la causa penal 3055/2026, en contra de la resolución emitida el pasado 22 de octubre por el juez de primera instancia en materia penal del Distrito Morelos.
En el documento, la defensa expone siete agravios relacionados con la valoración de las pruebas, la falta de individualización de las conductas atribuidas a Jáuregui y la insuficiencia de los argumentos utilizados para justificar su vinculación a proceso.
Uno de los principales señalamientos consiste en que la resolución judicial atribuye conocimiento y responsabilidad al exfiscal a partir de reuniones institucionales, relaciones jerárquicas y actuaciones de otros funcionarios, sin precisar qué conducta concreta habría realizado para participar en los hechos investigados.
“La anuencia que se atribuya a otros funcionarios no puede transferirse a Jáuregui por la sola posición de superior jerárquico”, establece textualmente el recurso de apelación.
La defensa también cuestiona que se hayan considerado entrevistas de diversos agentes como elementos coincidentes sobre la intervención de personas extranjeras en los operativos, sin distinguir entre quienes tuvieron conocimiento directo de los hechos y quienes únicamente recibieron información de terceros.
En ese sentido, sostiene que la coincidencia de testimonios sobre la presencia de personas extranjeras no acredita, por sí misma, que César Jáuregui hubiera tenido conocimiento de su participación o autorizado sus actividades.
Otro de los argumentos señala que la existencia de reuniones privadas entre funcionarios no permite concluir automáticamente que en ellas se impartieron instrucciones ilegales.
“La privacidad de un encuentro puede explicar que no existan observadores, pero no revela qué se dijo ni convierte una reunión ordinaria en autorización delictiva”, puntualiza el documento.
Asimismo, la defensa argumenta que la amplitud de una investigación y el número de testimonios recabados no sustituyen la obligación de identificar elementos específicos que relacionen al imputado con las conductas investigadas.
“La extensión de una investigación no determina su suficiencia respecto de una proposición particular. Puede existir información abundante sobre terceros y persistir una insuficiencia sobre la intervención del imputado”, señala el escrito.
Los abogados consideran que el juez no explicó suficientemente cómo las actuaciones atribuidas a otros servidores públicos podrían constituir una participación conjunta de Jáuregui en el delito investigado.
También cuestionan aspectos relacionados con las atribuciones de la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción, al considerar que la resolución no desarrolló adecuadamente las razones jurídicas sobre la intervención de las autoridades investigadoras.
Finalmente, la defensa solicitó que se declaren fundados los agravios presentados y que se revoque la resolución de vinculación a proceso dictada el 22 de octubre.
El recurso corresponde exclusivamente a la causa penal del ámbito estatal por ejercicio ilegal del servicio público y es independiente del procedimiento federal que enfrenta César Jáuregui por la acusación de traición a la patria.
La presentación de esta apelación abre una nueva etapa de revisión judicial de la resolución impugnada, sin que ello implique, por sí mismo, su revocación.