La defensa jurídica del exfiscal general de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno, interpuso un recurso de apelación contra el auto de vinculación a proceso por el delito de traición a la patria, al considerar que la resolución judicial carece de sustento probatorio suficiente y que el juez federal excedió sus atribuciones al complementar los argumentos que correspondía presentar a la Fiscalía General de la República (FGR).
El recurso, presentado por el abogado José Ramón Flores Flores dentro de la causa penal 408/2026, impugna la resolución dictada el pasado 25 de octubre por el juez de control Ricardo Alfonso Santos Dorantes, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Uno de los principales argumentos de la defensa es que no existe prueba directa de que Jáuregui tuviera conocimiento de la presencia de cuatro personas extranjeras en el operativo realizado del 16 al 19 de abril de 2026 en el municipio de Morelos, Chihuahua, que culminó con el desmantelamiento de un laboratorio clandestino de drogas sintéticas.
Los abogados cuestionan que se pretenda atribuir al exfiscal una conducta de traición a la patria a partir de su responsabilidad institucional en un operativo contra el crimen organizado, sin acreditar que hubiera autorizado la participación de extranjeros ni que tuviera la intención de comprometer la independencia o soberanía de México.
En el escrito se cuestiona particularmente la interpretación que hizo el juzgador de un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional, relacionado con la solicitud de seguridad perimetral para el operativo.
La defensa sostiene que solicitar apoyo de las Fuerzas Armadas para proteger a los elementos que combatirían un laboratorio clandestino no demuestra que Jáuregui conociera la presencia de personas extranjeras ni que hubiera consentido su intervención.
Otro de los señalamientos más severos del recurso se dirige a la actuación del juez federal, a quien la defensa acusa de haber perfeccionado la imputación formulada por el Ministerio Público.
De acuerdo con el documento, el juzgador incorporó razonamientos jurídicos y elementos de interpretación que, a juicio de los abogados, no fueron desarrollados por la propia FGR durante la audiencia.
La defensa considera que esta actuación comprometió la imparcialidad judicial y el principio de igualdad entre las partes, al asumir el juzgador funciones que corresponden exclusivamente al órgano acusador.
En otro apartado, el recurso cuestiona que la presencia de cuatro extranjeros en un operativo contra el narcotráfico pueda considerarse, por sí misma, un acto encaminado a someter a México a la voluntad de una persona, grupo o gobierno extranjero.
Los abogados sostienen que no se acreditó que esas personas hubieran asumido el mando de la investigación ni sustituido las decisiones de las autoridades mexicanas.
Por el contrario, señalan que la conducción del operativo permaneció bajo la responsabilidad del entonces director de la Agencia Estatal de Investigación.
La defensa también cuestiona que el proceso se lleve en Almoloya de Juárez y no en Chihuahua, donde ocurrieron los hechos investigados.
El recurso argumenta que la FGR no presentó elementos objetivos suficientes para justificar la excepción a las reglas ordinarias de competencia territorial.
Según el escrito, la Fiscalía sustentó esa decisión en la posibilidad de que Jáuregui, por los cargos públicos que desempeñó, pudiera influir en el sistema penitenciario de Chihuahua o recibir algún trato privilegiado, pero sin aportar pruebas concretas que acreditaran ese riesgo.
Los abogados sostienen que tales afirmaciones no son suficientes para desplazar la competencia de los tribunales federales de Chihuahua, particularmente cuando la acusación formulada es por traición a la patria y no por delincuencia organizada.
Por ello, solicitan que se revise la competencia judicial y se ordene la reposición del procedimiento en los términos planteados en la apelación, para que el asunto sea conocido por el órgano jurisdiccional territorialmente competente.
El recurso también cuestiona la interpretación del delito de traición a la patria previsto en el artículo 123, fracción I, del Código Penal Federal.
La defensa sostiene que no basta con señalar posibles irregularidades en la presencia de extranjeros para configurar un delito de esa gravedad, sino que deben existir elementos que permitan establecer una conducta dirigida contra la independencia, soberanía o integridad de la nación, con la finalidad específica prevista en la ley.
En ese sentido, insiste en que el operativo tuvo como propósito combatir la producción de drogas sintéticas y proteger la salud pública, no subordinar las decisiones de México a intereses extranjeros.
Finalmente, la defensa solicita la revisión de la vinculación a proceso y una audiencia para presentar alegatos aclaratorios ante los magistrados que conozcan del recurso.
La apelación abre una nueva etapa en la defensa jurídica de César Jáuregui, quien permanece sujeto a un proceso federal por traición a la patria, una acusación cuya fundamentación y sustento probatorio son cuestionados en el escrito presentado por sus abogados.
La vinculación a proceso no constituye una sentencia condenatoria y la responsabilidad penal del exfiscal deberá determinarse conforme a las pruebas y garantías del debido proceso.