Cuauhtémoc, Chih.- Autoridades estatales y municipales iniciaron una mesa de diálogo con familias desplazadas por la violencia de Moris y Urique, quienes actualmente viven en Cuauhtémoc y reclaman alternativas para acceder a una vivienda, luego de cuestionar la subasta de 165 casas del fraccionamiento de Pensiones Civiles del Estado.
El director de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi), José Antonio Chávez, encabezó el encuentro en el que participaron representantes de la Secretaría General de Gobierno, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y el Ayuntamiento de Cuauhtémoc.
También asistieron los sacerdotes Javier Ávila y Camilo Daniel Pérez, así como Víctor Quintana Silveyra, de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (COSYDDHAC).
La reunión se produjo después de que decenas de familias se manifestaron para solicitar al Gobierno de Chihuahua condiciones que les permitan adquirir viviendas a precios accesibles.
Los afectados aseguran que hace más de dos años tuvieron que abandonar sus comunidades debido a amenazas y hechos de violencia relacionados con disputas entre grupos del crimen organizado. Tras establecerse en Cuauhtémoc, enfrentaron elevados costos de renta, por lo que algunas familias tuvieron que compartir vivienda.
En febrero pasado ocuparon casas deshabitadas del fraccionamiento de Pensiones Civiles del Estado con la intención, según explicaron, de comprarlas y pagarlas al Gobierno estatal. Posteriormente abandonaron los inmuebles y denunciaron haber sido amenazados y amedrentados por elementos policiales.
El conflicto aumentó después de que la Coesvi realizó en junio la subasta de 165 viviendas, procedimiento en el que resultó ganadora Inmobiliaria AHG.
Las familias solicitaron revisar e incluso anular la operación, al considerar que los inmuebles debieron ser considerados como una alternativa habitacional para personas desplazadas antes de ser vendidos a una empresa particular.
Ante los reclamos, José Antonio Chávez explicó que la reunión busca establecer coordinación entre los tres órdenes de gobierno para analizar las necesidades específicas de las familias y encontrar alternativas para su situación.
Coesvi y las instituciones participantes acordaron revisar las condiciones técnicas, administrativas y legales del caso.
El encuentro representa un primer acercamiento entre autoridades y familias desplazadas, mientras permanece pendiente la definición de una alternativa concreta de vivienda y la petición de revisar la subasta de los 165 inmuebles.