La Audiencia Nacional española abrió una investigación penal contra el cantante Julio Iglesias, de 83 años, tras una denuncia presentada por dos exempleadas que lo acusan de presuntos delitos sexuales, lesiones físicas y trato degradante durante su estancia en Bahamas y República Dominicana.

La decisión fue adoptada por el magistrado Antonio Piña, luego de analizar el testimonio de una de las denunciantes y los elementos presentados como parte de la investigación.

Entre las pruebas señaladas se encuentran fotografías de lesiones en el cuerpo de una de las mujeres, incluido un hematoma en el brazo y marcas en un muslo que, según la información judicial, podrían ser compatibles con agresiones físicas.

Reabren investigación tras primera denuncia archivada

A principios de 2026, la Fiscalía española había archivado una denuncia anterior contra Iglesias y dos personas encargadas de administrar sus propiedades, al considerar que España carecía de jurisdicción sobre los hechos denunciados en el extranjero.

Sin embargo, las mujeres presentaron una nueva denuncia en septiembre, dirigida exclusivamente contra el cantante, ante un órgano judicial con facultades para investigar determinados delitos presuntamente cometidos fuera del país por ciudadanos españoles.

Las denunciantes, quienes trabajaban como empleada doméstica y fisioterapeuta, respectivamente, aseguran haber sufrido agresiones sexuales y presiones para mantener relaciones con el artista durante 2021.

El caso fue difundido inicialmente mediante una investigación periodística conjunta de Univision y elDiario.es, publicada en enero.

Julio Iglesias niega las acusaciones

El cantante ha rechazado previamente los señalamientos y aseguró que nunca ha maltratado ni obligado a ninguna persona a mantener relaciones sexuales.

Su abogado, José Antonio Choclán, declinó hacer comentarios sobre la nueva decisión judicial.

De acuerdo con la información difundida por el tribunal, la investigación se centrará en los presuntos delitos sexuales, lesiones y trato degradante, mientras que quedaron fuera de esta etapa las acusaciones relacionadas con trata de personas y vulneraciones de derechos laborales.

Las dos denunciantes fueron citadas para declarar presencialmente en Madrid durante febrero de 2027.

La apertura de la investigación no constituye una declaración de culpabilidad, sino el inicio de diligencias para esclarecer los hechos denunciados y determinar si existen responsabilidades penales.

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