CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El gobierno mexicano trabaja en una ley para fortalecer la propiedad intelectual de los pueblos indígenas, para evitar casos como el plagio de Adidas a la creación de una comunidad de Oaxaca, en la que buscan resarcir el daño.
Actualmente, acompañan a los afectados para iniciar pláticas con la empresa y así resarcir el daño; en caso de que no se logre, se buscará otra vía legal, indicó la presidenta Claudia Sheinbaum.
“En este momento, va a ser la plática para ver si hay un resarcimiento. En realidad, es una propiedad intelectual colectiva. Entonces, tiene que haber un resarcimiento, tiene que cumplirse con la Ley de Patrimonio. Y vamos a ver si en la plática se resuelve; y si no, ya estamos ya estudiando también la vía legal”, dijo.
“Muchas veces, grandes empresas toman productos, ideas, diseños, de comunidades indígenas de nuestro país —de hecho, estamos trabajando en una ley para garantizar, además de lo que ya existe— y en cierta manera están usurpando la creatividad de un pueblo originario.
Marina Núñez, subsecretaria de Cultura, dijo que la empresa y “un diseñador de origen norteamericano hicieron apropiación cultural indebida de unos huaraches que pertenecen a la tradición del pueblo de Yalálag en Oaxaca”.
Adidas se puso en contacto con el gobierno de Oaxaca, “van a iniciar, ya, pláticas. Y llevan el apoyo de la Secretaría de Cultura a través del Indautor, porque así lo dicta la Ley de Patrimonio. Comenzarán esas pláticas, sobre todo, para el resarcimiento al pueblo que se vio plagiado y que sufrió esta apropiación cultural”, explicó.
OAXACA, Oax. (apro) .- Ante los cuestionamientos negativos que ha desatado el despilfarro millonario del gobierno de Salomón Jara Cruz, en las fiestas de Julio o de la Guelaguetza, el gabinete morenista se terminó de hundir al detallar que invirtieron 162.12 millones de pesos, pero “solo se obtuvieron ganancias por 57 millones de pesos que serán destinados a los damnificados por el huracán “Erick”.
En redes sociales tundieron al gobernador morenista por el derroche de recursos públicos, supuestamente para “fomentar el turismo”, cuando lo que prevaleció fue el culto a la personalidad, la promoción política con miras a la sucesión gubernamental, los negocios de familia y la folclorización de los pueblos originarios mientras los servicios de salud no tienen recursos, las calles y carreteras en condiciones desastrosas y la inseguridad incontrolable.
El gobierno de Salomón Jara intentó lavarse la cara al informar que “Oaxaca registró, del 18 al 28 de julio, una derrama económica por 639.94 millones de pesos con motivo de las fiestas de Julio, mes de la Guelaguetza 2025, en la que arribaron 144 mil 655 turistas de diversas partes del mundo”.
Posteriormente, el secretario de Finanzas, Farid Acevedo López, detalló que el total de la inversión autorizada (162.12 millones de pesos), el 45% se destinó a eventos artísticos y culturales, a fin de reafirmar la identidad oaxaqueña; 28% a ferias y promoción económica, para impulsar el turismo y a las personas productoras locales; y 27% a infraestructura y logística, para garantizar el adecuado desarrollo de las actividades.
Los principales rubros donde se gastó el dinero del pueblo fueron: sonorización, logística e infraestructura, 45.2 millones de pesos; 30.8 millones de pesos en las cuatro representaciones de la Guelaguetza o “Lunes del Cerro”; 22.8 millones de pesos en los conciertos públicos y 21.9 millones de pesos en la feria del mezcal.
Otros 10 millones de pesos se destinaron en presentaciones artísticas locales; siete millones y medio de pesos a “expresiones interculturales” y seis millones 700 mil pesos a ferias artesanales, la feria de los Alebrijes, del café, del hongo, los moles, el tejate y el tamal.
En el tianguis gastronómico se gastaron 4 millones 700 mil pesos y otros 4 millones 600 mil pesos en encuentros comerciales que tuvieron que ver con el barro, la palma, el carrizo, la madera y textiles.
También se gastaron 4 millones 500 mil pesos para el medio maratón Guelaguetza, el torneo de pelota mixteca y la clásica ciclista, mientras que por al sendero de los Nahuales pagaron 2 millones 200 mil pesos y, finalmente, el Bani Stui Gulal costó 1 millón 200 mil pesos.
En cuanto a la recaudación, durante el mes de julio, solo se obtuvieron 57.05 millones de pesos: 25.08 millones de pesos en impuestos al hospedaje; 22.42 millones de pesos en venta de boletos de los “Lunes del Cerro” y 9.55 millones de pesos en la Feria del Mezcal.
El otrora luchador social y ahora titular de la Secretaría de las Culturas y Artes, Flavio Sosa Villavicencio, reconoció que gastaron 22.8 millones de pesos en los conciertos públicos, ya que solo el cantante panameño Rubén Blades cobró 10 millones de pesos; a la cantante Lila Downs se le pagó 3.8 millones de pesos y al grupo Siddhartha 3.6 millones de pesos.
Sosa Villavicencio, exlíder de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, en su fallido intento de defender al gobierno morenista y su despilfarro de recursos, dijo que la Guelaguetza no tiene como objetivo recaudar dinero, sino que es un encuentro de culturas de los pueblos originarios.
“No tiene como un objetivo de mercado, no estamos buscando la ganancia no es el objetivo, en estricto sentido, ni siquiera es una festividad para atraer al turismo, es un encuentro de pueblos y comunidades en Oaxaca para mostrar lo que son para reivindicar su esencia, como pueblos y comunidades”, puntualizó.
Entre sus enredos dijo que “la misma importancia tenemos derecho a la recreación y a nuestros valores culturales y la Guelaguetza es eso, un encuentro de pueblos y comunidades quienes vienen a bailar a la Guelaguetza, tienen derecho a estar hospedados en condiciones dignas para no decirlo de otra manera y tratamos de que suceda, el gobierno del Estado hace su máximo esfuerzo de que así suceda, y desde luego que se trata también que los pueblos y comunidades puedan mostrar al mundo sus valores culturales”.
Insistió en que “al gobierno no le interesa ganar dinero, no es una empresa, el gobierno invierte para que los derechos culturales estén al alcance de todos y para que se recreen los valores culturales de los pueblos y cuando ofrecemos a ustedes los grandes números es para que esta información pueda fluir, pueda ser conocida por todos y porque también la población tiene derecho a saber en qué se gasta su dinero”.
Luego de resaltar que en la Feria de San Marcos y el Festival Internacional Cervantino se gasta más que en la Guelaguetza, resaltó que “para nosotros las oaxaqueñas y los oaxaqueños, la fiesta, perdón que lo diga de esta manera, es sagrada en cualquier pueblo su mayordomía es sagrada, no te metas con la mayordomía del pueblo, porque es parte de su ritualidad de su esencia y la Guelaguetza ya es parte de nosotros”.
La Secretaría de Turismo informó que, a partir de hoy se reactivan las operaciones del teleférico del Parque Barrancas, tras concluir un proceso de mantenimiento integral.
Además, vuelven a estar disponibles el ZipRider y el Circuito de las Siete Tirolesas, dos de las principales atracciones del complejo, mismas que no se encontraban en operación debido a que su funcionamiento depende de la disponibilidad del teleférico.
El proceso de mantenimiento tuvo una duración de seis semanas, durante las que se instaló un nuevo cable tractor de más de seis kilómetros de longitud y un peso superior a 22 toneladas.
También se llevó a cabo una revisión exhaustiva de las cabinas, con el fin de verificar su integridad estructural en cada punto y garantizar la seguridad de todos los visitantes. En total, se realizó una inversión de 25 millones de pesos en todo el proceso.
El teleférico es un medio de transporte en la región, no solo para los visitantes y empleados del Parque, sino también para los habitantes de las comunidades rarámuri vecinas, quienes lo utilizan sin costo alguno.
Por su parte, el ZipRider y el Circuito de las Siete Tirolesas son actividades de aventura que implican un recorrido a gran altura, y ofrecen al visitante una experiencia única de las Barrancas del Cobre.
El Parque Barrancas está ubicado en la zona del Divisadero, en el municipio de Urique, a pocos pasos de la estación del ferrocarril turístico Chepe y cerca de la principal infraestructura hotelera de la región.
Para información y reservaciones, se puede visitar el sitio web parquebarrancas.com, así como las redes sociales @ParqueBarrancas.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de seis años de búsqueda, autoridades estatales capturaron a Daniel “N”, hombre acusado de empujar a Brenda Lobo desde un segundo piso en su domicilio ubicado en el municipio de Tijuana, Baja California.
Autoridades de la Agencia Estatal de Investigación, adscrita a la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Contra la Vida, Zona Tijuana, de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), informaron de la aprehensión en contra del hombre acusado de feminicidio.
#Tijuana Después de 6 años del asesinato de Brenda Lobo a manos de su pareja.
Hoy, un juez resolverá si Daniel, un psicólogo de parejas, es vinculado a proceso por el delito de feminicidio.
Su familia se manifiesta afuera de los juzgados penales del Poder Judicial de BC. pic.twitter.com/X9irK4i9sK
— — (@arta_ud) August 8, 2025
Conforme a los datos, la captura se llevó a cabo a las 02:38 horas del domingo 3 de agosto, en el bulevar Bellas Artes, en la colonia Roberto de la Madrid, tras una llamada anónima, refirió la prensa local.
Los hechos comenzaron el 30 de junio de 2019, aproximadamente a las 23:30 horas, cuando Brenda estaba en el interior de su domicilio en la colonia Otay Nueva Tijuana; ahí vivía con su concubino, el psicólogo Daniel Vázquez Montaño.
De acuerdo con las denuncias de la familia, notas de prensa y publicaciones de asociaciones civiles, como “Manos Entrelazadas”, en el lugar Brenda sufría violencia física constante al ser golpeada con puños y pies en distintas partes del cuerpo.
Estuvo en dicho lugar en unión libre durante tres años y denunció en dos ocasiones a Daniel por haberla golpeado, pero regresó con él y la fiscalía no investigó.
“Brenda Lobo, licenciada en Administración de 39 años, trabajaba como contadora. Medía 1.60 metros y murió con su pequeño y frágil cuerpo lleno de golpes y moretones… En 2019 murió como resultado de una presunta caída de un segundo piso, cuando estaba en compañía de su pareja… como la chica exculpó verbalmente a su pareja, la muerte no se investigó como feminicidio”, según consignó Semanario Zeta en un reportaje de mayo de 2022.
La víctima cayó al patio de la planta baja y fue traslada por paramédicos de la Cruz Roja a un hospital; ahí falleció el 5 de julio de 2019, debido a un traumatismo craneoencefálico, según lo establecido en el certificado de necropsia médico-legal.
Tras la muerte, familiares ofrecieron pruebas para evidenciar la violencia doméstica, por lo que el 26 de septiembre de 2022 la Fiscalía General del Estado (FGE) retomó el caso, reclasificándolo como homicidio doloso.
Al saber de la detención, familiares y activistas convocaron a manifestarse este viernes 8 de agosto, en los Juzgados Penales y Laborales del Poder Judicial del Estado de Baja California, donde acudió Daniel para una audiencia donde sería vinculado a proceso por el feminicidio.
Miguel Ángel Lobo Cázares, padre, se mostró confiado en el resultado de la audiencia, según declaró a la prensa tijuanense.
“Esperamos que se quede en la cárcel este desgraciado, es lo que queremos. Es lo que merece: hizo sufrir mucho a mi hija. A partir de conocerlo, le cambió la vida. Le hizo mucho daño psicológico y físico: retiró a la familia de su lado. Su teléfono lo tenía como intervenido, no dejaba que tuviera comunicación ni con nosotros, mucho menos con sus amigos”, expresó, además de agregar que incluso los tenía amenazados a ellos.
Y Adriana Milanés, presidenta de la Fundación Manos Entrelazadas, señaló que han estado esperando “seis largos años” para esperar que vinculen a proceso a Daniel.
“Por fin de logró su captura. Tenemos confianza en que, el día de hoy, se logre lo que tanto hemos anhelado: que se vincule a proceso y se lleve a cabo la pena máxima, por feminicidio”, remarcó.
El Gobierno del Estado cuenta con un viñedo propio que ha demostrado la capacidad de producción de uva para la elaboración de vino en tierras chihuahuenses, con una cosecha de 10 toneladas anuales en promedio.
Ubicado en el vivero Fernando Pueblo Miramontes, en la región de Delicias, (carretera Delicias-Naica) este viñedo estatal tiene una superficie de seis hectáreas plantadas con las variedades Cabernet Sauvignon y Shiraz.
Rogelio Olvera, jefe del Departamento de Agricultura de la Secretaría de Desarrollo Rural, explicó que el proyecto comenzó en 2017 como una parcela demostrativa, con el objetivo de explorar alternativas de reconversión productiva en zonas donde el uso del agua debe optimizarse.
La cosecha obtenida es canalizada a través de convenios de colaboración con vinícolas locales, muchas de ellas integrantes del Sistema Producto Vid. Empresas como, Vinícola Amelia, Pinesque, Casa Porras, Caval, entre otras.
Además instituciones educativas como la Universidad Autónoma de Chihuahua a través de Faciatec y la Facultad de Ciencias Agrícolas, participan en este esquema que beneficia a ambos sectores: el estado entrega la uva y recibe parte del producto final embotellado, lo que se promueve mediante el área de Agronegocios de la Secretaría y en eventos institucionales.
“Con esto impulsamos tanto la producción como el consumo de vino chihuahuense, que va en crecimiento y tiene un enorme potencial. Además, se fortalece la cadena productiva y se posiciona a la entidad como un nuevo referente en el mapa vitivinícola del país”, señaló Olvera.
Destacó que estos cultivos también cumplen una función educativa y de promoción, al recibir visitas de productores y público interesado en conocer más sobre esta rama.
Para mayor información, las y los interesados pueden comunicarse al Departamento de Agricultura de la SDR al teléfono (614) 429-33-00, extensiones 12550, 12553 y 12537
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Gobierno de la Ciudad de México anunció que tendrá un nuevo apoyo social con el que dará 8 mil 500 mensuales durante un año a personas de 30 años en adelante que habiten en zonas declaradas Territorios de Paz, que sean el único proveedor económico de la familia, no cuenten con empleo formal y tengan hijos menores de edad.
Los beneficiarios además serán capacitados de forma técnica y laboral directamente en empresas, cooperativas, instituciones públicas o sociales, para facilitar su reincorporación al ámbito laboral.
Sobre lo anterior, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, declaró: “Estamos echando a andar un programa igualito al de Jóvenes Construyendo el Futuro, pero no para jóvenes, sino para personas de 30 años en adelante (…) los va a apoyar para que de inmediato puedan tener un empleo en la empresa que ustedes escojan, y con un apoyo de más de 8 mil 500 pesos, durante un año
En una tarjeta informativa, la administración encabezada por la morenista dio a conocer que el apoyo social tendrá como adjetivo familias que cuenten con un solo ingreso monetario. También explicó que los Territorios de Paz son las colonias donde se registran altos índices de denuncias por ilícitos.
Sin embargo, no precisó en qué fechas dará a conocer las bases oficiales para que los interesados se inscriban.
En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas(SPyCI) invita a la comunidad a participar en Basarowia, una jornada cultural que honra y celebra la riqueza de las comunidades a través del arte, la música y las tradiciones.
El evento se llevará a cabo el 9 y 10 de agosto de 12:00 p.m. a 10:00 p.m. , en el centro comercial Paseo Central en Chihuahua capital.
El programa Basarowia es el siguiente:
Sábado 9 de agosto
* 12:00 p.m. – 10:00 p.m.: Exhibición y venta de artesanías
* 5:00 p.m. – 7:00 p.m.: Taller de pintura en tambores y parihuelas a cargo de la artista Gabriela Esparza
* 5:00 p.m. – 6:30 p.m.: Taller de elaboración de atrapasueños por la artesana Dalia Palma
* 6:00 p.m. – 7:00 p.m.: Taller de pintura en tallas de madera para niños por el artista Raúl Jiménez
* 7:00 p.m. – 8:00 p.m.: Taller de atrapasueños encabezado por la artesana Dalia Palma
* 7:30 p.m. – 8:30 p.m.: Taller de pintura en tallas de madera para niños impartido por el artista Raúl Jiménez
* 7:30 p.m.: Inauguración oficial – Palabras de bienvenida
* 7:30 p.m. – 9:00 p.m.: Taller de pintura en tambores a cargo de la artista Gabriela Esparza
* 8:00 p.m.: Concierto de piano presentado por el artista indígena Romeyno Gutiérrez
Domingo 10 de agosto
* 12:00 p.m. – 10:00 p.m.: Exhibición y venta de artesanías
* 4:00 p.m.: Talleres simultáneos:
-Pintura en tambores y parihuelas
-Elaboración de atrapasueños
-Pintura en tallas de madera para niños
* 6:00 p.m.: Talleres simultáneos:
-Pintura artística
-Atrapasueños
-Pintura en tallas de madera para niños
Cabe destacar que varias tiendas del centro comercial tendrán a la venta artesanías, y en la compra de los productos se brindarán descuentos en diferentes establecimientos.
AGUASCALIENTES, Ags (Proceso).– Las revelaciones hechas durante la audiencia de vinculación a proceso de 18 jóvenes detenidos en un operativo federal, realizado el 26 de julio último en la sierra de Pabellón de Hidalgo, municipio de Rincón de Romos, apuntaron por primera vez a la existencia de un “campamento de adiestramiento” atribuido al crimen organizado en Aguascalientes, un hecho sin precedentes en el estado.
La noticia del caso (y la ola de violencia que originó) han cimbrado a la entidad, que presume ser una de las más seguras del país.
El lugar fue nombrado expresamente como campo de adiestramiento por el Ministerio Público Federal y la defensa de los acusados durante la audiencia judicial celebrada el 1 de agosto último. Hasta entonces, las autoridades no habían detallado de qué tipo de espacio se trataba, aunque el fiscal estatal, Manuel Alonso García, dijo, vagamente, que en el campamento se realizaban labores de vigilancia por parte de un grupo criminal.
El hallazgo incluyó un arsenal de armas largas, cartuchos, cargadores, un lanzagranadas, chalecos antibalas con las siglas “CJNG” y una bolsa de plástico con un bloque de 742.5 gramos de clorhidrato de cocaína; así como objetos personales, alimentos, utensilios de cocina y mochilas. Entre los detenidos hay dos colombianos, uno de ellos, de acuerdo con su esposa, también tiene nacionalidad venezolana, así como personas originarias de municipios de Michoacán, Guanajuato y Coahuila.
Entre los detenidos también hay dos menores de edad y al menos cuatro que tenían ficha de desaparición reciente: Felipe de Jesús Hernández Valdivia, de 39 años, y Emanuel Núñez, de 28, desaparecidos el 28 de mayo de este año en circunstancias aún desconocidas; Arturo Sebastián García Yáñez, de 22 años, desaparecido el pasado 29 de mayo, y Carlos Antonio Esparza Medina, de 18 años, desaparecido el 23 de junio.
Alonso García. Subestimar el reclutamiento de jóvenes para el narco. Foto: Especial
Carlos Antonio había aceptado un trabajo como staff en una clínica de rehabilitación en Guadalajara cuando su familia perdió contacto con él, según lo señalado por Cynthia Medina, su madre, que forma parte del Colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia.
El sábado, cuando vi la foto de los detenidos, vi que era mi hijo –cuenta la señora Medina llorando. Tenía el ojo hinchado. Sentí felicidad por saber que estaba vivo, que está completo, no sabía todo lo que se venía, no visualicé todo el problema en el que está él ahora, que lo están tratando como un criminal. El domingo en la noche lo pude ver menos de cinco minutos, estaba muy golpeado, irreconocible de su rostro hinchado, muy sucio, muy mal, estaba llorando. Verlo así me acabó. Él me dijo que en el momento de la detención estaba desarmado.
Las versiones oficiales sobre cómo se detectó el campamento difieren: mientras el fiscal estatal asegura que se debió a “denuncias anónimas” recibidas semanas atrás, el Ministerio Público Federal expuso que el operativo se activó después de que un helicóptero de seguridad fue atacado desde el campamento.
Fuentes federales aseguraron a Proceso que el despliegue fue motivado por la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Zacatecas ese mismo día.
La respuesta al hallazgo fue una ola de violencia en todo el estado que tomó por sorpresa a las autoridades. Incluyó la quema de cinco tiendas de conveniencia y un depósito de cerveza, así como una decena de automotores incendiados, entre ellos tráileres, camiones, una combi del transporte público foráneo y un camión del transporte público urbano.
Los incendios bloquearon tres carreteras federales y otras estatales. También se reportó el hallazgo de dos cuerpos calcinados en los límites entre los municipios de Tepezalá y Pabellón de Arteaga, al norte de la entidad.
Colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia. “Desaparecen jóvenes tras aceptar oferta de empleo”. Foto: Facebook del colectivo
Y aunque la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y la fiscalía local anunciaron la detención de nueve personas por los hechos violentos, sólo dos están presuntamente implicadas con los incendios. Las siete restantes fueron detenidas por la posesión de diversas cantidades de droga.
Esa violencia, sin embargo, no es nueva. Desde 2023 (el primer año de la administración de la panista Teresa Jiménez Esquivel) la población ha vivido el recrudecimiento de la delincuencia con el crecimiento en 72.1% de la tasa de incidencia delictiva y de 28.4% en la de prevalencia delictiva, indican datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe).
Los porcentajes colocaron a Aguascalientes, por primera vez, entre los tres estados del país con mayores incrementos en tasas de inseguridad.
Las desapariciones también han aumentado en el estado, así como las extorsiones y el cobro de piso.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, los casos aumentaron en 2024, cuando pasaron de 39 en 2023 a 135. En lo que va de 2025 se han reportado 73 casos. La mayoría son hombres entre 15 y 49 años.
Los municipios con mayores cifras son la capital del estado, Rincón de Romos, San Francisco de los Romo y Pabellón de Arteaga.
Tortura y desamparo
Yuridia Bello Camacho, jueza de distrito encargada de la vinculación a proceso, solicitó abrir una carpeta de investigación por las lesiones que presentaron los detenidos, como quemaduras y golpes en el rostro y cuerpo. Uno de ellos será examinado por posibles daños graves en el riñón y otro recibió un disparo en la pierna.
De acuerdo con familiares de los jóvenes, durante la primera parte de la audiencia, realizada a inicios de la semana pasada, se denunció que estuvieron privados de su libertad de dos a cuatro horas desde su detención y hasta que fueron presentados ante las autoridades judiciales.
Pese a la solicitud del abogado de uno de los detenidos para que comparecieran nueve policías estatales, nueve militares y un miembro de la Guardia Nacional que, dijo, fueron los responsables de las aprehensiones, ninguno asistió a declarar.
Los detenidos fueron vinculados a proceso por los delitos de acopio de armas, posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, posesión de cartuchos y cargadores, asociación delictuosa y delitos contra la salud; cinco de ellos tienen agravantes por, presuntamente, haber disparado a elementos federales.
Durante la audiencia, el Ministerio Público Federal solicitó distribuir a los jóvenes detenidos entre los penales federales de Guanajuato, Michoacán y Chiapas “atendiendo a las circunstancias de los hechos y su probable relación con un grupo delictivo, para prevenir que puedan tomar control carcelario del penal estatal”. La solicitud fue aceptada por la jueza. El plazo para el traslado vence el 18 de agosto próximo.
La reacción del narco tras el descubrimiento del campo de adiestramiento. Foto: Especial
Esa decisión generó angustia entre las familias de los detenidos, quienes enfrentan condiciones económicas precarias. Algunas madres denunciaron que sus hijos habían sido reportados como desaparecidos desde meses antes, otras que fueron engañados con ofertas de empleo como soldadores o balconeros.
“¿Cómo voy a ir hasta Chiapas? No sé ni siquiera dónde está. Apenas tenemos dinero para mantener la casa”, dijo Verónica Torres, tía de Javier Zapata Solís, de 22 años, que antes de ser detenido se dedicaba a recoger plástico y otros artículos de los contenedores de basura para luego venderlos. Ella dejó de saber de él desde mayo de este año.
Entre los argumentos para permitir el traslado a penales federales, la jueza detalló las calificaciones reprobatorias que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha dado al centro de reclusión de Aguascalientes en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, sobre todo desde 2022.
Entre los puntos por los cuales se han dado tales calificaciones están la falta de prevención de violaciones a los derechos humanos y de atención en caso de detección, hacinamiento, insuficiencia de programas para la prevención y de atención a incidentes violentos, entre otras.
Esas deficiencias fueron palpables en 2023, cuando se registró el presunto suicidio de seis internos del penal. A inicios de ese año, la CNDH emitió la recomendación 252/2023 a la entidad por “deficiencias en la atención médica de personas privadas de la libertad, revisiones indignas a visitantes y falta de personal de seguridad en los tres centros penitenciarios”. Pero las autoridades estatales la tildaron de golpeteo político.
“Hasta ustedes van a estar más seguros en un centro federal, hay cámaras en todos lados”, dijo la jueza.
Reclutamiento, una realidad negada: Colectivo de Búsqueda
Desde que las madres buscadoras identificaron a sus hijos desaparecidos en las fotografías filtradas del operativo y la lista de los nombres de los detenidos, que también se filtró, el Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSGA), que acompaña las labores del Colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia, denunció que en años recientes han recibido reportes de jóvenes desaparecidos tras haber aceptado una oferta de empleo.
Ávila. “Las víctimas están siendo tratadas como victimarios”. Foto: X/@FeministAgs
“En los inicios de año reportamos el reclutamiento forzado, cobro de piso y cuota por seguridad que ha sido confirmado en lugares como el Agropecuario. Hoy las madres ya no solamente están buscando en los servicios médicos forenses, en los campos o en los anexos, también tienen que estar buscando en el Poder Judicial o en los Ministerios Públicos porque sus hijos o familiares desaparecidos, además de ser víctimas de este tipo de violencias que son responsabilidad de las autoridades, están siendo tratados como victimarios. Necesitamos una sociedad responsable y empática que proteja a las juventudes”, dijo Mariana Ávila Montejano, coordinadora del OVSGA, durante una rueda de prensa en la que participaron madres buscadoras.
A mi hijo lo sacaron de mi casa –agrega–, la destrozaron, se lo llevaron a rastras, golpeado. El señor fiscal no puede decir que no hay desaparición forzada, el señor fiscal no puede decir que no existe, las autoridades lo saben perfectamente porque nosotras hemos ido a ponerle la carpeta frente a su escritorio, lo saben. No podemos cerrar los ojos ante una situación que está más que vista.
Olivia Muñoz Campos, madre de Edgar Alfredo Quezada Muñoz, desaparecido el 27 de septiembre de 2022, asegura a que la desaparición de su hijo no fue por decisión propia.
Lorena Guerrero Márquez, suegra de Víctor Manuel Ocón Ramírez, desaparecido el 13 de diciembre de 2023, también denunció que hombres no identificados entraron a su casa y se lo llevaron.
“Compañeras de Michoacán, de Jalisco, hasta de Oaxaca, estuvieron preguntando los nombres de las personas que fueron detenidas. La desaparición es un problema grave en Zacatecas y en Jalisco, pero en Aguascalientes poco se habla del tema, no se reconoce. Todas las personas que llegan a ser reclutadas también son víctimas de un problema muy grave que le ocurre a México”, dijo en entrevista Javier Espinosa, vocero del Colectivo Maverick en Aguascalientes y coordinador de la Unión y Red Nacional de Búsqueda de Personas.
Pese a ello, el fiscal estatal negó la problemática argumentando que los jóvenes deciden trabajar con los cárteles y desaparecen por decisión propia, o que deciden irse de sus hogares sin que nadie los obligue.
Sin embargo, la propia fiscalía estatal había reconocido anteriormente la problemática.
En abril último, Vicente Junior Acevedo Navarro, titular de la fiscalía Especializada en Materia de Desaparición y Localización de Personas de Aguascalientes, reveló que dos jóvenes originarios del estado aceptaron una falsa oferta de empleo y los trasladaron a Nayarit, donde fueron privados de su libertad.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– A pocos meses de que concluya el primer año de la actual Jefatura de Gobierno, comerciantes y productores de la Ciudad de México reportaron un deterioro en su relación con la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).
Voceros del Movimiento Plural de Comerciantes de Mercados Públicos y de la Unión de Comerciantes y Productores de la Nave Roja señalaron que la comunicación con la dependencia se ha debilitado en comparación con gestiones anteriores, pese a que estos sectores representan una parte central de la cadena comercial que abastece de alimentos a la población.
Representantes de ambos sectores atribuyeron esta situación a la falta de experiencia de la titular de la Sedeco, Manola Zabalza, y de otros funcionarios de la dependencia. Indicaron que esta condición ha impactado la coordinación en programas y procesos administrativos, como el de Mejoramiento de Mercados, que involucra recursos de la dependencia y de las alcaldías, así como la atención a necesidades de los mercados públicos y los productores que abastecen la Central de Abastos (Ceda) .
En entrevista, Edgar Mendieta, integrante y vocero del Movimiento Plural, consideró que la falta de capacidad de la dependencia para construir un canal de comunicación efectivo con los comerciantes reside también en la coordinación que mantienen desde la Sedeco con funcionarios de Gobierno central, como el subsecretario de Gobierno, Fadlala Akabani.
Con firmeza, apuntó la importancia de que esta dependencia construya una relación productiva y saludable con los comerciantes de la ciudad:
Lo que pasa es que la Secretaría de Desarrollo Económico tiene una Dirección de Abasto y Distribución de Alimentos. Ahí es donde todos los que brindamos el servicio del mercado público o de abasto tenemos vinculación.
Para dimensionar, explica que hay 340 mercados en la Ciudad de México, 200 concentraciones, más de mil tianguis. Sólo en los mercados hay 79 mil comerciantes: “Haciendo un cálculo de esos 79 mil puestos, sobre una venta bruta muy pobre de mil pesos, estamos hablando de 70 millones de pesos que se mueven diario en mercados públicos, a la semana son 553 millones de pesos, sobre esa base de la que dependen proveedores, distribuidores, transportistas, carretilleros, trabajadores”.
Aún más, Mendieta apuntó que no se han atendido las obligaciones que la dependencia tiene con los comerciantes de los mercados públicos, para ejemplificar se refirió al programa de Mejoramiento de Mercados en el que el gobierno capitalino pone 60% de los recursos y las alcaldías otro 40%, cuya designación está a cargo de la Sedeco:
Esta falta de experiencia, por decirlo de alguna manera, ha hecho que al día de hoy no hayan publicado este ejercicio que tiene reglas de operación y que son muchos factores que se tienen que cumplir para que se pueda otorgar ese resupuesto a un mercado.
El vocero advierte que el atraso para la ejecución de este programa ya es de un año, pues ya se debieron haber hecho los levantamientos de información para asignar los recursos del próximo año, por lo que el rezago es significativo: “Eso habla de la negligencia”.
También recordó que el descontento de los comerciantes con la Sedeco comenzó el 9 de enero último, con la publicación en la Gaceta Oficial de los Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de Mercados Públicos, por lo que realizaron bloqueos y marchas en toda la capital mexicana.
El único acercamiento que han tenido con Zabalza fue cuando acudió a los mercados para “promocionar y hablar a favor” de dichos lineamientos. Desde entonces, no han recibido “los Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de Mercados Públicos”.
Ante la indiferencia de la funcionaria, los comerciantes solicitaron que su enlace con las autoridades en las mesas de diálogo sea con el secretario de Gobierno, César Cravioto. Además, han sostenido charlas con el subsecretario de Gobierno, Fadlala Akabani, en las que han sido testigos de faltas de respeto por parte de funcionarios de la Sedeco, contra el extitular de la misma dependencia: “Nosotros somos los afectados de esa falta de coordinación”.
Zabalza. Rechazo a encuentros con comerciantes y productores. Foto: Eduardo Miranda
Edgar Mendieta hizo llegar a esta Redacción un video (ver al final del texto) en el que el titular de la Dirección de Abasto, Edgar Torres, le dice a Akabani que “él no lo manda”, mientras los comerciantes presentes le exigen respeto por el actual funcionario de la Secretaría de Gobierno.
Productores también inconformes
El presidente de la Unión de Comerciantes y Productores de la Nave Roja en CEDA, Reynaldo Castañeda, consideró que la relación que sostienen con la Sedeco se ha deteriorado en esta administración, pues en el sexenio pasado si lograron construir una relación efectiva con los enlaces que establecieron en la gestión de Akabani, aunque no tuvieron comunicación directa con él.
Castañeda hizo énfasis en el papel que juegan los productores de hortalizas en la capital mexicana, pues ellos son quienes dan inicio a la cadena comercial que hace posible llevar la comida a los platos de la ciudadanía:
No es posible que la funcionaria (Manola Zabalza) no quiso recibirnos, nos mandó ahí un secretario, prácticamente no sabe ni lo que es la Central de Abasto, entonces por lógica le da miedo dialogar con nosotros.
“No tenemos limpieza, no tenemos luz, no tenemos seguridad”, denuncia el representante de productores.
También expone que la Sedeco delega su responsabilidad en la coordinadora general de la Ceda, Mónica Pacheco Skidmore.
“No entienden lo que es ser un productor y los maltratados a los que estamos sujetos, no entienden que puede faltar ambulantaje, pueden faltar incluso comerciantes, pero sin los productores se frena todo”.
Tanto Castañeda como Mendieta consideraron que es un error estratégico del gobierno central (a cargo de la morenista Clara Brugada) desatender las necesidades de comerciantes y productores.
HERMOSILLO, Sonora (Proceso).– Pérdidas millonarias a causa de la sequía y una respuesta del gobierno federal centrada en una radical transformación económica, son dos asuntos que resumen las tensiones que actualmente viven los productores de trigo del sur de Sonora.
A más de un año de esa situación, los ensayos con nuevos cultivos aportan esperanza, pero las deudas arrastradas de las temporadas pasadas mantienen la presión financiera.
En suma, se informó a este medio, se proyecta “imposible” sembrar el grano para el ciclo 2025 – 2026, lo que representa un hito en el último siglo de la historia productiva de los valles del Yaqui y del Mayo, por lo que la transición a cultivos de menor demanda de agua ya tiene un tono de irreversible.
Recortes
Los informes de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Seder) exponen la magnitud de los recortes propiciados por la sequía y la política federal.
Establecen que el promedio de tierras dedicadas al trigo en Sonora desde 1980 hasta 2024 está cerca de las 270 mil hectáreas por año, lo que representa prácticamente la mitad de la siembra del grano en todo el país.
No obstante, hasta mayo de este 2025 los productores reportaron, en consonancia con los lineamientos de la Sader para dejar atrás este cultivo, de una siembra mínima que tuvo lugar en sólo 59 mil 439.94 hectáreas.
Pero las consecuencias económicas de la sequía ya se hacían presentes para el cierre del año pasado, cuando, pese a que se logró amortiguar los efectos y transitar con un recorte de 6.7% de las tierras sembradas, el tonelaje obtenido cayó 20.6% y las ganancias 38.7 por ciento. Esto último se expresa en que el balance de 2023 arrojó dividendos de más de 17 mil millones de pesos, mientras que para 2024 la cifra quedó por debajo de los 10 mil 500 millones.
De tal modo que, de poder colocar el producto en el mercado, y de mantenerse el precio por tonelada de 2024, este año los ingresos del trigo en Sonora serían del orden de los cuatro mil millones de pesos; pero no se logró.
Trigo, mala apuesta de siembra. Foto: Margarito Pérez / Cuartoscuro
Juan Francisco Souque Campoy, agricultor de tercera generación de Cajeme, municipio con mayor tradición triguera del país, expone:
“Sembrar trigo este año fue mal negocio. Por haber poca superficie creímos que habría mejorar parte de los Molinos (que compran el grano para producir harina y sémola). Hace tres años lo vendíamos a siete mil 200 pesos por tonelada, aproximadamente, y creímos que este año la oferta y la demanda haría que alcanzáramos los seis mil 500, pero no se logró, vendimos a cinco mil 700 pesos por tonelada. Imagínate, produces seis toneladas, pero la producción te cuesta unos 22 o 23 mil pesos, y si le sumas la renta, ya son los 30 mil pesos más lo de la gasolina, ya no queda ganancia”.
Endeudados y sin mercado
Los estragos de los recortes de la producción se manifestaron también como cargas financieras excesivas para los productores.
“Ahorita es una etapa muy crítica, salimos del (ciclo agrícola) 2023 -2024 con problemas de baja producción y bajos precios de mercado. Imagínate el flujo que traía una empresa de 300 hectáreas con compromisos de tractores, de maquinaria…
“El agricultor calcula que año tras año cumplirá con esos compromisos, pero (hoy) no puede. Viene arrastrando pérdidas e incertidumbre para el año que viene”, dijo.
Según el productor, uno de los factores que incidieron en que no se hiciera patente la ley de oferta y demanda, y por lo tanto un sobreprecio para el trigo cultivado en la región que pudiera amortiguar el problema, fue la importación de trigo y maíz.
“Llegaron barcos de Sudáfrica desde donde se proveyeron molinos como los de MASECA. Se habla de una soberanía alimentaria, pero no se está llevando a cabo”, concluyó.
Primeros pasos para la reconversión
Los productores del sur de Sonora ven con buenos ojos, en lo general, los resultados que han obtenido mediante desarrollos con nuevos cultivos; especialmente aquellos bien posicionados en el mercado nacional de los aceites como la canola y girasol. Se vislumbra la salida de la crisis, aunque todavía queda camino por recorrer.
La información de los productores refiere que a inicios de este año fueron sembradas algunas hectáreas de canola para evaluar su desempeño en el suelo sonorense. Los números arrojaron un rendimiento de 2.8 toneladas por hectáreas, lo que se encuentra entre los valores óptimos para dicho cultivo, pese a que la siembra no se realizó en la fecha óptima.
Contenedores de Sudáfrica, golpe a la producción local. Foto: Antonio Nava / Proceso
A ello se suma que la canola mostró en el sur de Sonora una propiedad fundamental para protagonizar la reconversión de cultivos: la resistencia a las aguas de cuestionable calidad. Una condición generada por la sequía que vació las presas e hizo que el agua de los pozos llegara a los sedimentos salados del fondo.
Creemos que si tenemos agua de mejor calidad el desempeño va a mejorar. La canola sufrió estrés hídrico, pero a pesar de eso salió bien.
En general, son tres los retos a resolver para convertir la canola en el nuevo cultivo predilecto del “granero de México”:
Mejorar las fechas de siembra y de cultivo.
Mejorar la calidad y oportunidad del agua.
Adaptar la trilla a las cualidades físicas de la canola.
Si bien algunos de estos factores pueden ser trabajados por los productores en colaboración con el gobierno federal, el tema del agua se encuentra anclado a las condiciones climáticas, por lo que, además de trabajar, se requiere “esperar a que llueva, a que haya agua en las presas”.
Con todo eso, este año se consiguieron semillas de la variedad de gañola que dio los mejores resultados para sembrar cerca de cinco mil hectáreas, de modo que de tal extensión será la superficie que abarque este cultivo durante el ciclo agrícola 2025 – 2026 a partir del 20 de noviembre próximo.
Un año después se prevé que las tierras del sur de Sonora dedicadas a la canola se multipliquen hasta que esta se convierta en el principal cultivo. Entre los factores que impulsan esta dinámica se encuentran negociaciones con empresas como Aceites del Mayo y productores del aceite marca Oleico para adquirir el tonelaje.
