TOLUCA, Edomex. (apro).- Carlos “N”, Lilia “N” y Ana Lilia “N”, vinculados a proceso para ser investigados por ambas conductas, podrían ser sancionados con hasta 140 años de prisión por secuestro con la agravante de causar la muerte a Fernandito, un menor de 5 años a quien habrían tomado en garantía de pago de una presunta deuda por mil pesos de su madre en el municipio de La Paz, y con hasta 20 años de cárcel por delitos vinculados a la desaparición de persona.
Este miércoles, los tres imputados recibieron su segunda vinculación a proceso: la primera fue por el delito de desaparición de personas, y ahora por secuestro con complementación típica y punibilidad autónoma de haberse causado la muerte, en agravio de una víctima menor de edad y de Marcelina “N”, madre del pequeño.
En audiencia inicial de formulación de imputación por cumplimiento de orden de aprehensión, el juzgador decretó la detención jurídica y material de las personas acusadas y, a solicitud de ellas, resolvió su situación jurídica.
En este entendido, impuso como medida cautelar prisión preventiva oficiosa para los tres imputados y estableció como plazo de investigación dos meses que vencen en octubre.
Los hechos que se les atribuyen ocurrieron a partir del 28 de julio de este año, cuando Lilia “N” y Ana Lilia “N” habrían llegado a un domicilio ubicado en la colonia Ejidal El Pino, en el municipio de La Paz, para cobrar una deuda económica a Marcelina “N”, quien se encontraba con su hijo.
Cuando Marcelina les refirió que no tenía dinero para pagar en ese momento y les solicitó un nuevo plazo, las mujeres tomaron al niño y se lo llevaron, pese a la resistencia de su madre, a quien le habrían advertido que no se lo regresarían hasta que pagara. Mientras, en la esquina de la calle las esperaba Carlos “N”, con quien huyeron.
Marcelina intentó recuperar a su hijo acudiendo al domicilio de los imputados, pero en cada ocasión le fue negado el acceso y recibió versiones contradictorias sobre el paradero del menor: El 30 de julio le dijeron: “hasta que me pagues te lo voy a regresar”; el 1 de agosto le aseguraron que el menor de edad se lo habrían entregado a su padre; y el 2 de agosto que lo tenía su abuela materna.
El 4 de agosto, Marcelina “N” regresó acompañada por elementos de la Policía Municipal de Género. Los tres investigados refirieron que el niño había huido y que hacía días no lo veían. No obstante, al revisar el domicilio, los uniformados encontraron, oculto, al menor ya sin vida.
La Fiscalía mexiquense (FGJEM) precisó que, en el Estado de México, por el delito de secuestro que causa la muerte se puede imponer una sentencia de hasta 140 años de prisión, y por delitos vinculados a la desaparición de personas, hasta 20 años de condena.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El bloque mayoritario de magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) bateó, una vez más, impugnaciones presentadas por candidatos a las elecciones judiciales del pasado 1º de junio, quienes denunciaron condiciones de inequidad debido a que sus rivales fueron promovidos en los llamados “acordeones”.
Los tres magistrados del bloque mayoritario, encabezado por la presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso, resaltaron en unos casos que los denunciantes no aportaron pruebas suficientes para anular los resultados de la elección, y se negaron a dar vista al Instituto Nacional Electoral (INE) para que realice una investigación sobre los “acordeones”.
La Sala Superior del TEPJF se dividió en torno a seis casos derivados de la elección judicial, en los cuales el bloque mayoritario pudo imponer sus decisiones y evitar así la anulación de algunas elecciones debido al reparto de “acordeones”; los dos magistrados disidentes consideraron por su parte que existían las condiciones para al menos solicitar una investigación al INE.
“No hay elementos para determinar, como se propone en algunos casos, la nulidad de la elección”, refrendó Soto, quien aseveró que “este tribunal no es la autoridad investigadora y en este sentido no nos corresponde a nosotros ir a buscar los elementos que no fueron aportados.”
En el mismo tono, el magistrado Felipe Fuentes Barrera, quien forma parte del grupo de Soto, sostuvo que “el tema puede ser de un pronunciamiento mediático alto, pero nosotros nos tenemos que ceñir a lo estrictamente jurídico”, y aseveró que, en su opinión, los temas partieron de una “supuesta distribución masiva de acordeones” pero no demostraron “la existencia de los hechos demostrados”.
La magistrada Janine Otálora Malassis, por su parte, consideró que resultaría difícil para un candidato investigar el origen de los acordeones y demostrar la incidencia que tuvieron en los resultados de la elección, por lo que planteó dar vista al INE para investigar “una posible inducción al voto y el consecuente posible rebase de gastos de campaña, para que el INE no esté analizando quejas de manera aislada, sino toda una temática en su contexto y en su totalidad”.
Sin sorpresa, esa opción fue desechada por el bloque de magistrados encabezado por Soto. “Hay muchos casos en los que las pruebas no traen ni meros indicios o algunos que ni siquiera por sí mismos generan convicción respecto a lo que se pretende probar, y ahí es cuando no estaríamos ni dando vista al INE ni nada, son indicios que realmente no son ni siquiera mínimos para generar una investigación que vaya más allá, porque no nos están aportando ninguna prueba”, dijo la presidenta.
BOGOTÁ (proceso).- La extradición de narcotraficantes a Estados Unidos solo ha tenido un beneficiario: la agencia antidrogas de ese país, la DEA, porque esa medida le ha servido para engrosar de manera artificiosa las estadísticas de lucha contra el crimen, las cuales le permiten aumentar sus presupuestos, pero para Latinoamérica, en especial para México y Colombia, ha resultado una “estrategia fallida”.
Así lo plantean, en entrevistas por separado con Proceso, especialistas en política criminal de México y Colombia, los países del mundo que más traficantes de droga extraditan a Estados Unidos y los que más presiones, y hasta amenazas, han recibido de la administración del mandatario estadunidense Donald Trump para combatir el narcotráfico, especialmente la producción y el contrabando de fentanilo.
En el contexto de esas presiones, y de los ultimátum arancelarios de Trump, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha optado por la entrega masiva de capos del narcotráfico a la justicia estadunidense.
“La DEA ha convertido las extradiciones en un indicador de gestión que le sirve para obtener más presupuesto, incluso para subsistir, pero es un indicador que esconde una realidad: más extradiciones no significan más éxitos en la lucha contra el narcotráfico sino mantener de manera artificiosa una política fracasada”, dice el experto en crimen organizado Pablo Reyes.
En dos hechos sin precedentes, este martes 12 el gobierno mexicano extraditó a Estados Unidos a 26 jefes criminales, entre ellos Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, cabecilla de Los Caballeros Templarios, y Abigael González Valencia “El Cuini”, operador de alto nivel del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En febrero pasado, el gabinete de seguridad de Sheinbaum había entregado a las autoridades estadunidenses a 29 capos del narcotráfico, entre ellos Rafael Caro Quintero, uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara en los 80.
“El Cuini” y “La Tuta”: Cuartoscuro
La especialista en derechos humanos y política de drogas, Renata Demichelis, afirma que la profundización de esta política de “entregas” y extradiciones implica “renunciar” a la posibilidad de que los jefes de las organizaciones criminales enviados a Estados Unidos aporten verdad para esclarecer delitos atroces que ellos perpetraron en México, como desapariciones y ejecuciones de miles de personas.
De acuerdo con la directora de la organización Elementa DDHH en México, a pesar del gran nivel de impunidad y de las grandes fallas del sistema mexicano de justicia, es preferible que los capos del narcotráfico respondan en su país por los crímenes atroces que han cometido y para que reparen a sus víctimas.
Su extradición, señala, “sepulta por completo las posibilidades de conocer la verdad de muchos hechos de graves violaciones a derechos humanos” porque la prioridad del sistema de justicia de Estados Unidos no son las víctimas, sino que esos criminales respondan por delitos de narcotráfico en el marco de una “guerra contra las drogas” que privilegia el combate de la oferta y no de los factores que estimulan la demanda.
El abogado colombiano, Juan Carlos Palou señala que a pesar de que su país convirtió la extradición “en la política criminal y no en unos de los instrumentos de esa política”, no existe ninguna evidencia de que esa práctica haya tenido algún efecto para combatir el narcotráfico.
“Hay una degradación de ese instrumento por su uso indiscriminado, por su falta de selectividad y porque hay varios casos de colombianos que Estados Unidos acusa, sin pruebas sólidas ni investigaciones rigurosas, de delitos relacionados con el narcotráfico”, dice el coordinador del estudio “Usos y abusos de la extradición en la lucha contra las drogas”.
Palau indica que la extradición cobró auge en Colombia durante los gobiernos del presidente ultraderechista Álvaro Uribe (2002-2010), quien emprendió una guerra total contra las FARC, una guerrilla a la que definía como “narcoterrorista”.
Extradiciones a granel
Entre 1997 y 2002, Colombia había extraditado a Estados Unidos a unos 15 presuntos narcotraficantes cada año en promedio. Pero a partir de 2002, cuando inició el gobierno de Álvaro Uribe, la cifra creció en forma exponencial. Durante los ocho años de mandato del expresidente fueron extraditados mil 131 colombianos a Estados Unidos, un promedio de 141 cada año, nueve veces más que en los gobiernos precedentes.
Bajo las presidencias de Juan Manuel Santos (2010-2018) y de Iván Duque (2018-2022) ese promedio mantuvo y en la actual administración de Gustavo Petro se ha registrado un leve descenso, a 115 extradiciones por año.
Entre 2000 y 2024 este país extraditó a Estados Unidos a unas tres mil 100 personas. Y en el trascurso de este año ya van 86, según informó el director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana.
Esto quiere decir que, en el transcurso de este siglo, Colombia ha enviado a Estados Unidos a 124 presuntos narcotraficantes cada año, una cifra que le ha venido muy bien a la DEA para presentar esos “resultados” al Congreso estadounidense y obtener cada vez más presupuesto.
La DEA, que es el brazo armado de la fracasada política de droga prohibicionista, nació en 1973 con un presupuesto de 70 millones de dólares, el cual ha crecido 50 veces desde entonces.
Sólo en los últimos 15 años el presupuesto de esa controvertida agencia antidrogas, la cual ha estado envuelta en sonados casos de corrupción y bajo constantes críticas por su ineficiencia para combatir el tráfico de drogas en su propia casa, ha crecido 67% al pasar de dos mil millones de dólares en 2010 a tres mil 339 millones de dólares este año.
El profesor de la Universidad Nacional de Colombia Pablo Reyes, un doctor en estudios internacionales, dice que la DEA tiene “una necesidad de legitimar su actividad con resultados estadísticos de sus operaciones en el extranjero porque al interior de Estados Unidos es conocida su baja efectividad”.
“¿Cuándo se ha escuchado que esa agencia capture a los capos estadunidenses o que haga algo para detener el tráfico de drogas, el lavado de miles de millones de dólares provenientes del narcotráfico y epidemias como la del fentanilo, que comenzó con el tráfico ilegal de opioides producidos por las farmacéuticas estadunidenses?”, plantea el académico.
En cambio, asegura, ha convertido las estadísticas de extradiciones en un “falso indicador de eficacia, porque todos sabemos que esa política no se ha traducido en una reducción del narcotráfico ni en México ni en Colombia, sino todo lo contrario”.
Las miles de extradiciones de capos y presuntos narcotraficantes colombianos a Estados Unidos no han servido para acabar con las grandes organizaciones de la droga, que se han ido fraccionando a lo largo de los años mientras aumentan su capacidad para abastecer a los consumidores de Estados Unidos, donde está el mayor mercado de estupefacientes en el mundo.
Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), en los años ochenta, la producción potencial de cocaína de todos los países andinos eran 600 toneladas al año, mientras que en 2023 llegó a dos mil 664 toneladas únicamente en Colombia.
México, colaborador inesperado de la DEA
Ahora, México emerge como un nuevo colaborador inesperado de la DEA, una agencia fustigada de manera recurrente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Su heredera política, Claudia Sheinbaum, parece dispuesta no sólo a extraditar masivamente a presuntos narcotraficantes, sino a “entregarlos” al margen del tratado bilateral de extradición, lo que contribuirá a abultar las estadísticas de ese organismo.
Según datos de Elementa DDHH, López Obrador extraditó a Estados Unidos durante su sexenio a 341 presuntos narcotraficantes, un promedio de 62 por año, con lo cual cumplió “la cuota” de extradiciones a la que se comprometió con Washington en el Acuerdo Bicentenario.
En el informe “Extraditar la verdad México”, la ONG reveló que, según documentos obtenidos del colectivo Guacamaya, mientras se negociaba en 2022 el Acuerdo Bicentenario la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) garantizó a las autoridades estadunidenses que México extraditaría cada año al vecino país a 60 presuntos narcotraficantes.
Y este compromiso fue seguido al pie de la letra por López Obrador, quien cada año de su sexenio firmó la extradición de 61.9 mexicanos en promedio, casi la cifra exacta para cumplir la cuota de 60.
López Obrador realizó menos extradiciones que los presidentes Felipe Calderón (615) y Enrique Peña Nieto (421), pero su vehemente discurso contra el intervencionismo de la DEA contrastó con su colaboración con Estados Unidos no sólo en materia de lucha contra el narcotráfico, sino también en el tema de la migración, con el despliegue de miles de efectivos de la Guardia Nacional para contener los flujos de migrantes latinoamericanos.
La política de extradiciones y “entregas” masivas de presuntos narcotraficantes que sigue ahora la presidenta Sheinbaum elevará sustancialmente las estadísticas en esos rubros de los últimos sexenios.
La directora de Elementa DDHH en México, Renata Demichelis sostiene que a los capos de la droga hay que perseguirlos y penalizarlos, “pero nada en la historia de la lucha contra las drogas indica que la extradición es una estrategia exitosa”.
Señala que está suficientemente documentado que una vez que los grandes capos son extraditados surgen otros cabecillas, “como estamos viendo en Sinaloa”.
Agrega que, además, la extradición no es una garantía de justicia porque cada vez es más frecuente que los jefes mexicanos del narcotráfico que son extraditados a Estados Unidos alcancen acuerdos con las fiscalías de ese país en lo que se declaran culpables y entregan gran cantidad de bienes, a cambio de sustanciales rebajas de penas y de la legalización de parte de sus fortunas.
De acuerdo con un estudio de Elementa DDHH, el 80% de los presuntos narcotraficantes mexicanos extraditados opta por un acuerdo con las autoridades estadunidenses.
Los Extraditables light
En Colombia, la extradición se convirtió también en un mecanismo conveniente para los grandes capos del narcotráfico. Lejos quedaron los días en que, en medio de la guerra contra el Estado, Los Extraditables –nombre genérico que adoptaron Pablo Escobar y otros jefes del Cártel de Medellín en los 80— escribían como epígrafe en sus amenazantes comunicados: “Preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos”.
El exfiscal general y ex ministro de Justicia de Colombia, Alfonso Gómez Méndez, afirma que “hoy, los narcotraficantes prefieren una cárcel en Estados Unidos que una cárcel en Colombia”, porque allá legalizan parte de sus capitales, pagan penas de cárcel relativamente bajas, a cambio de sus delaciones y de los acuerdos que alcanzan con la justicia de ese país.
Es por eso que cada vez es más amplia la lista de grandes capos solicitados en extradición que se entregan a las autoridades de Estados Unidos.
En México, el caso más emblemático es el de Jesús Guzmán López, el hijo del “Chapo” que no sólo se entregó a las autoridades estadunidenses, sino que ayudó a secuestrar a Ismael “El Mayo” Zambada como parte de un acuerdo que también cobijó a su hermano Ovidio Guzmán, quien había sido extraditado a Estados Unidos en septiembre de 2023.
“El Mayo” Zambada
Renata Demichelis recuerda también el caso del narcotraficante sinaloense Dámaso López Serrano, “El Mini Lic”, quien está acusado en México de ser el autor intelectual del asesinato del periodista Javier Valdez pero llegó a un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos y se entregó a la justicia de ese país.
Los fiscales estadunidenses, señala Demichelis, han promovido las negociaciones para lograr que una persona acusada testifique en contra de otro procesado o pueda apoyar al gobierno a señalar a personas implicadas en actividades delictivas.
“Esto permite que se mantenga la espiral de persecución en países productores de drogas, sin afectaciones concretas a la operación del mercado”, asegura.
Lo que hay en la práctica es un sistema burocrático en el que todo se convierte en un juego de apariencias para simular que hay una lucha efectiva contra las drogas cuando la realidad es que el narcotráfico y el consumo aumentan cada año, según se constata en los informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés).
“A diferencia del pasado, hoy la extradición ya no asusta”, dice el exfiscal colombiano Alfonso Gómez Méndez.
De acuerdo con el abogado, “la extradición debe ser un mecanismo excepcional” y no parte del juego de apariencias con el que las agencias estadunidenses buscan asumir que la política de drogas basada en el prohibicionismo ha fracasado.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Bajo el argumento de que los 26 “generadores de violencia” enviados a Estados Unidos continuaban operando delincuencialmente dentro de las cárceles mexicanas “ordenando secuestros, extorsiones, homicidios y otros delitos”.y además buscaban beneficios judiciales, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, defendieron el traslado de criminales como un “acto de soberanía” de México.
En conferencia de prensa, García Harfuch sostuvo que aún recluidos en cinco penales federales y cuatro federales, los 26 expulsados del país “continuaban dirigiendo actividades ilícitas mediante visitas” autorizadas legalmente que “eran aprovechadas para mantener operaciones criminales, amenazar a funcionarios y extender redes de corrupción e intimidación, lo que representaba un riesgo inaceptable para la seguridad”.
Sin explicar si esas actividades delictivas desde prisión implicaban la colusión de autoridades penitenciarias o si se habían integrado carpetas de investigación, el funcionario agregó que “muchos” de los 26 obtuvieron amparos para ser trasladados a “cárceles de baja seguridad e incluso se prevería que otros, actualmente en reclusión, en centros penitenciarios federales, recibieran resoluciones similares que facilitarían su traslado a penales estatales menos vigilados, incrementando el riesgo de continuar con sus operaciones delictivas o incluso un riesgo de fuga”.
Como ejemplos de beneficios judiciales obtenidos por delincuentes de alto impacto, García Harfuch contó que entre los 29 capos enviados a Estados Unidos en febrero pasado, Miguel Ángel Treviño, alias Z-40, logró posponer su proceso de extradición en 79 ocasiones, mientras que Óscar Treviño, alias Z-42, lo logró en 54.
A punto de entrar en vigor el nuevo Poder Judicial, que sustituiría según los argumentos oficiales a un Poder Judicial “corrupto”, el funcionario señalo que “existían también litigios y recursos legales que buscaban su liberación anticipada, lo que de haberse concretado significaría un retroceso en la lucha contra el crimen y un agravio contra las víctimas”.
Tras siete años de gobiernos de Morena al frente de la seguridad pública y nacional, García Harfuch insistió que enviar a Estados Unidos a 26 personas implicadas en cárteles del narcotráfico fue una “medida para impedir que desde prisión continuaran ordenando secuestros, extorsiones, homicidios y otros delitos”, misma que forma parte de la anunciada Estrategia Nacional de Seguridad y contra la Extorsión.
Al puntualizar que se trató de “una decisión soberana” apegada a la Ley de Seguridad Nacional y determinada por el Consejo de Seguridad Nacional, García Harfuch reconoció la coordinación y cooperación con el gobierno de Estados Unidos para llevar a cabo el traslado de los “26 generadores de violencia”, contra quienes había en aquel país causas judiciales abiertas.
“El beneficio de los traslados es directamente para las víctimas mexicanas que han sido víctimas de estos sujetos, ya sea de extorsión, homicidio y todos los delitos que mencioné en los mensajes, donde muchas veces lamentablemente desde prisiones siguen operando.
“¿Cuál es el beneficio para nuestro país? Que ya no lo hagan, es eso, tal cual, de manera muy concreta, que, al sacarlos de nuestro país, no van a poder seguir operando en contra de la sociedad mexicana”, es decir, de lo que se trata es de que “no continúen operando desde los centros penitenciarios y romper sus redes de influencia” puntualizó Omar García Harfuch.
Posibles nuevos traslados
El titular de la FGR apuntó la posibilidad de continuar realizando ese tipo de traslados, que se suman a los 29 registrados en este mismo año, ambos envíos en coincidencia con amenazas del presidente Donald Trump de la imposición de aranceles a México.
“Estas acciones se hacen a petición de un país requeriente, si hubiera alguna otra solicitud en el futuro, la consideraría el Consejo y, si es procedente, la vamos a cumplir; no es ni limitativo ni privativo, pero sí tiene que haber una solicitud de un gobierno y esa solicitud tiene que venir debidamente fundada y motivada”, dijo Gertz, quien destacó que dentro de las consideraciones que el país solicitante tiene que tomar en cuenta es que las personas requeridas no pueden ser sometidas a pena de muerte, por no ser compatible con la legislación mexicana.
Tras señalar que el fundamento jurídico que se ha usado tanto en el traslado estos 26 como de los 29 criminales enviados a Estados Unidos en febrero pasado es el artículo quinto de la Ley de Seguridad Nacional y no el Tratado de Extradición, Gertz Manero dijo que los traslados representan “un mensaje fundamental que va dirigido a toda la delincuencia que opera en contra de los países”.
Apuntó que el mensaje es que “para defender a nuestra población y a la soberanía de nuestros países no va a haber ningún obstáculo legal que podamos nosotros incluir para no cumplir con las tareas fundamentales de defensa de nuestra sociedad”.
El fiscal general reiteró que las acciones están fundamentadas en “la Constitución, la Ley de Seguridad Nacional, la Convención de Palermo, existe toda una estructura jurídica que nos permite sostener la soberanía y defender a nuestras instituciones y al pueblo de nuestros dos países, y eso es lo que estamos ejerciendo”.
De acuerdo a la SSPC en el operativo de traslado de los 26 criminales participaron 988 elementos y 90 vehículos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de la Fiscalía General de la República.
Los capos fueron salieron desde la Base Aérea Militar Número 1, de Santa Lucía, en 11 aeronaves de la Sedena y una aeronave de la Semar, siendo ocho trasladados a White Plains en Nueva York; uno a John F. Kennedy también en Nueva York; cinco a San Diego, California; seis a Phoenix, Arizona, y seis a Dulles, Virginia.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La red de transporte del Cablebús ya opera con normalidad en su totalidad, pues el Servicio de Transportes Eléctricos (STE) informó que concluyeron los trabajos de revisión anual en las Líneas 1, 2 y 3.
En una tarjeta informativa, el STE notificó que en las revisiones se corroboro´ la correcta operación de todos los sistemas y del cable; se hicieron pruebas de carga y frenado, pruebas eléctricas de todos los componentes y se realizó la verificación física de los dispositivos que conforman la línea, así como la revisión general de motores, balancines, torres o pilonas.
Con lo anterior, el Cablebús refrendó los certificados de seguridad que proporcionan las empresas alemanas TU¨V SU¨D a las Líneas 1 y 3, así como TU¨V Rheinland a la Línea 2.
El Servicio de Transportes recordó que en el periodo que permanecieron cerradas las líneas mencionadas, la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) y la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), apoyó a los pasajeros con un servicio gratuito, en el mismo horario de operación del Cablebús.
Además, precisó que las revisiones anuales se ejecutan en todos los telefe´ricos en el mundo como ocurre en Colombia, Perú, República Dominicana e incluso en el Estado de México con el Mexicable.
GUANAJUATO, Gto., (apro).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Procuraduría de los Derechos Humanos del estado implementaron acciones urgentes en el Centro de prevención y reinserción social de Acámbaro, municipio del sur del estado, donde detectaron la aplicación de sanciones que vulneran los derechos humanos de 23 personas privadas de su libertad, como aislamiento sin desplazamiento fuera de sus dormitorios ni acceso a servicios de las áreas del centro, además de presentar “lesiones en diversas partes del cuerpo” que podrían derivarse de actos de tortura.
Las personas señalaron que permanecían en estas condiciones desde hacía 10 días. Según la Secretaría de Seguridad y Paz del estado -a la que está adscrita el sistema penitenciario- dichas medidas se aplicaron por “una situación de tensiones” entre internos de este centro de prevención, y sirvieron para mantener la gobernabilidad del mismo.
En su comunicado, la CNDH señaló que, al entrevistar al grupo de internos en una visita, personal de custodia del Ceprereso estatal interrumpió a los visitadores e impidió que continuaran con esta investigación, llevándose a las personas a otros dormitorios.
La Secretaría de Seguridad aseguró que cumple con el respeto a los derechos de las personas privadas de su libertad y anunció que luego de las medidas dictadas por la CNDH y la Prodheg, se hicieron cambios desde el director del centro hasta personal de custodia y se reforzó la presencia de personal médico.
Las anomalías fueron detectadas el 11 de agosto durante un recorrido por parte la Tercera Visitaduría de la CNDH, durante una visita por la aplicación del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025, informó la CNDH en el comunicado.
Dichas prácticas por parte de las autoridades del centro penitenciario “pueden constituir delitos” además de que no están contempladas en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Por ello, se exhortó al sistema penitenciario estatal a garantizar la integridad de las personas privadas de la libertad.
Ante esto, la CNDH tomó medidas urgentes en coordinación con la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos (Prodheg) consistentes en medidas cautelares para las 23 ppl, para que se les permita la comunicación con sus familiares y con personas defensoras, se revise su estado de salud y se certifiquen las lesiones que presentan.
También exhortó a las autoridades penitenciarias a garantizar la tarea de organizaciones defensoras de derechos humanos en el interior del Ceprereso y se faciliten procedimientos para que las ppl puedan interponer quejas o denuncias por las medidas que les fueron aplicadas.
“La CNDH llama al Sistema Penitenciario del estado de Guanajuato a cumplir con el deber de vigilar que se respete la aplicación de las salvaguardias de prevención de la tortura para garantizar las condiciones de estancia digna de las personas privadas de la libertad, las condiciones de gobernabilidad y seguridad, la reinserción social y los requerimientos de grupos específicos, así como adoptar las acciones inmediatas que permitan erradicar las prácticas de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes en contra de las personas privadas de libertad”, dijo el organismo.
E instó a que estas autoridades apliquen el marco legal vigente sobre uso de la fuerza y aplicación de medidas disciplinarias y erradiquen las prácticas que vulneren la dignidad de las personas.
Medidas “para mantener la gobernabilidad”: SSyP
Al respecto, la Secretaría de Seguridad y Paz del estado, a cargo de Juan Mauro González, informó que el aislamiento de los 23 internos no se realizó como una sanción sino como una medida preventiva “destinada exclusivamente a salvaguardar la integridad física y la seguridad de las personas privadas de la libertad involucradas y de la población penitenciaria en general”.
Aseguró que las medidas fueron contundentes e inmediatas, “permitió desescalar la situación de riesgo y cumplió con su objetivo de mantener la gobernabilidad en el centro”.
“Es importante mencionar que todas las medidas implementadas en este y en todos los Centros de Prevención y Reinserción Social del estado han permitido evitar el fenómeno de autogobiernos, y que Guanajuato destaca porque desde ninguno de sus penales se han realizado llamadas de extorsión”, señaló la Secretaría de Seguridad y Paz del estado.
CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Un juez de control vinculó a proceso a Jaime Alonso “N” por su presunta responsabilidad en el delito de trata de personas, en su modalidad de pornografía infantil, pues está vinculado con el almacenamiento en plataformas digitales de 21 fotografías y dos videos con contenido sexual de menores de 18 años.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que la autoridad judicial estableció la medida cautelar de prisión preventiva, durante los dos meses establecidos para la investigación complementaria, contra Jaime Alonso “N”, quien habría almacenado y reproducido el contenido sexual entre septiembre de 2020 y octubre de 2022.
En un comunicado, precisó que la conducta del señalado fue detectada gracias a tres reportes emitidos por una plataforma operada por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), los cuales indicaron que el material representaba un riesgo latente para niñas y niños.
Además, dichos reportes indicaron que Jaime Alonso “N” es presunto responsable de grabar videos, en su domicilio, que documentaban agresiones sexuales cometidas contra menores de edad.
La Fiscalía capitalina recordó que la detención del señalado se dio en la colonia Tulyehualco Canal de Garay, de la alcaldía Iztapalapa, gracias a los trabajos de coordinación del organismo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el NCMEC.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con una inversión de mil 275 millones de pesos del Gobierno de la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, puso en marcha la entrega de tarjetas para útiles y uniformes escolares, que beneficiarán a un millón 250 mil estudiantes de nivel básico, es decir, primarias y secundarias públicas de la ciudad.
En un evento, la morenista llenó tres cuartas partes del Estado GNP —con un aforo de 65 mil personas— para hacer la entrega del apoyo social dirigido a jóvenes estudiantes de la capital mexicana. Ahí, precisó que este miércoles solo se realizó la entrega de 20 mil tarjetas a los estudiantes de secundaria, pues durante la semana se ejecutará la primera jornada de entrega y se distribuirán más de 300 mil tarjetas en 50 eventos.
Según Brugada, en los próximos días su Gobierno realizará la entrega de las tarjetas a un millón 250 mil estudiantes: “De esta manera no hay distinción, no hay discriminación para que la gente, como padres de familia, puedan resolver el problema básico de que los hijos y las hijas vayan al colegio”.
La morenista precisó que el recurso destinado a este apoyo social se suma a los 11 mil millones de pesos que su administración invertirá en educación en 2025: “Se está impulsando inversión en educación no solo en las becas y en un conjunto de apoyos que benefician a los estudiantes, igual en infraestructura educativa, porque la prioridad de estos gobiernos es la transformación de la educación”.
Entonces, recordó que la ciudad también cuenta con los programas: Mi Beca para Empezar, destinada a estudiantes de jardín de niños y hasta secundaria –retomado por el gobierno federal–; y el programa 1, 2, 3 Por Mi Escuela, para el mejoramiento de la infraestructura de los planteles, con una inversión de 2 millones de pesos por escuela.
También mencionó el programa de Aulas Digitales, para que cuenten con computadoras nuevas; el programa Do, Re, Mi, Fa, Sol, que promueve el aprendizaje de instrumentos musicales; el de Vida Plena Corazón Contento, como apoyo a la salud mental, y el programa Educación Utopía, que consiste en llevar a escuelas públicas actividades culturales, deportivas, artísticas, de ciencia y tecnología e idiomas.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un dron estadunidense fue captado en la plataforma Flightradar sobrevolando espacio aéreo del Estado de México, en concreto el área de Valle de Bravo.
En redes sociales circularon imágenes del recorrido de la aeronave no tripulada modelo MQ-9B SkyGuardian del constructor General Atomics, según se observa en Flightradar.
En la conferencia del Gabinete de Seguridad de este miércoles se le preguntó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien confirmó el sobrevuelo aunque negó que se trate de un dron militar.
“Valle de Bravo”:
Porque informan que una aeronave no tripulada desde Estados Unidos estuvo sobrevolando el Valle de Bravo en la mañana. pic.twitter.com/bxV92fk0cI
— ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) August 13, 2025
“No es un avión militar, no es un dron militar. Son drones o aviones no tripulados, mejor dicho, que vuelan a petición específica de alguna institución del gobierno mexicano”, sostuvo García Harfuch.
“Vuelan específicamente en apoyo y colaboración para investigaciones que nosotros tenemos en nuestro país. En este caso está volando la zona de Tejupilco y otras áreas del Estado de México, pero es a petición de nuestro país”, añadió.
“Ninguna aeronave vuela, no hay ningún avión militar que vuele en nuestro país de esa manera”, dijo García Harfuch, quien con esta frase cerró la conferencia.
#Seguridad ??|| Sorpresa por presencia de dron no tripulado en el centro del país, identificado como un General Atomics MQ9B Guardian, ingresó al espacio aéreo mexicano desde Texas y sobrevoló Valle de Bravo, Estado de México, desde las 3:40 de la mañana; es parte de una… pic.twitter.com/QcBo9lXjYe
— Primera Línea Mx (@esprimeralinea) August 13, 2025
Según la página de General Atomics, el MQ-9B SkyGuardian es la nueva generación de sistemas de aeronaves pilotadas a distancia que ofrece inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) persistentes en todo el mundo.
“SkyGuardian está diseñado para sobrevolar el horizonte vía satélite durante más de 40 horas en cualquier condición meteorológica e integrarse de forma segura en el espacio aéreo civil, lo que permite a las fuerzas conjuntas y a las autoridades civiles ofrecer conocimiento de la situación en tiempo real en cualquier lugar del mundo, de día o de noche”, dice la página.
SALTILLO, Coah., (apro) .- La Fiscalía de las Mujeres en Coahuila cuenta con una orden de aprehensión contra el presunto responsable de la explotación sexual de dos adolescentes, localizadas durante un cateo realizado en la ciudad de Piedras Negras, el pasado fin de semana.
La titular de la dependencia especializada en delitos contra las mujeres y la niñez, Katy Salinas Pérez, señaló que se han desahogado varias diligencias para robustecer la investigación y no descarta que pueda tratarse de una red de trata de mujeres en la que pueda haber otras menores de edad.
“No descartamos hasta el momento una red. Para nosotros cuando hay ya dos menores involucradas en unos hechos y cuando hay un modus operandi, que ahorita estamos investigando, pues no descartamos alguna red que pudiera estar trabajando en esta temática y el objetivo es de desarticularla. Por lo pronto rescatamos a estas dos pequeñas y seguimos en un proceso de investigación”, señaló.
Durante el pasado fin de semana la Fiscalía de las Mujeres, un área especializada para atender los delitos contra las mujeres y la cual fue creada el año pasado, realizó varios cateos junto con la Fiscalía General del Estado (FGE) y apoyada en dependencias federales como la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.
Fue en la colonia Lomas del Norte donde se ejecutó la orden judicial para revisar el domicilio, luego de denuncias de que el lugar era una casa de citas donde se ejercía la prostitución, además de realizarse la venta de drogas.
“Abrimos una carpeta de investigación este fin de semana pasado en Piedras Negras y recabamos declaraciones necesarias para poder llegar a una conclusión de esta temática y, por supuesto, siempre priorizando la protección de las menores, para que en ningún momento sean objeto de alguna nueva agresión”, expresó.
Para la protección de las dos adolescentes, la dependencia estatal se coordinó con la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia, así como con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Coahuila. En estos momentos las dos menores de edad se encuentran bajo el resguardo de las autoridades estatales.
Una de las adolescentes es originaria de la ciudad fronteriza de Piedras Negras y otra es de Monclova y por la secrecía de las investigaciones no se dieron mayores detalles en torno a cómo se dio la relación con la persona responsable de explotarlas sexualmente.
Salinas Pérez consideró que es importante que en la investigación también se considere que las adolescentes pudieron ser utilizadas para concretar otros ilícitos.
“Sí. Nosotros actuamos de manera inmediata y realizamos tres cateos el fin de semana para resguardar información y recabar indicios y datos de prueba que en estos momentos están siendo analizados. Anticipo que ya contamos incluso con órdenes de aprehensión contra una persona en específico y estaremos trabajando bajo esta instrucción del Fiscal General Federico Fernández Montañez. Hay que comentar a la población que el esquema de cero tolerancia a la violencia hacia las mujeres hoy se hace una realidad, sobre todo en este ámbito más protector hacia niños y niñas”, afirmó.
