La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán informó este viernes de la detención de Rafael ‘N’, presidente del PRI en Mérida, acusado de fraude.
En un comunicado, la dependencia informó que elementos de la Policía Estatal de Investigación (PEI) de la SSP, en coordinación con autoridades ministeriales, detuvieron al sujeto, de 46 años de edad, originario de la Ciudad de México, por su presunta participación en el delito de fraude.
La orden judicial fue emitida por el Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Estado, derivado de hechos ocurridos en 2023 y 2024, relacionados con operaciones comerciales de alto valor económico.
El detenido será puesto a disposición ante el juez que giró la orden de aprehensión.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) afirmó este viernes que los bancos de extracción de material pétreo “no cuentan con las autorizaciones federales necesarias para poder operar” sobre los terrenos de Tulum.
En un comunicado, la dependencia respondió a las protestas llevadas a cabo por la sección mexicana de la organización ambientalista Greenpeace, quienes el pasado lunes se manifestaron contra la supuesta autorización de al menos 26 bancos de extracción de materiales para la construcción por parte de empresa como Cemex.
Desde el Gobierno informaron que el 27 de junio se “notificó a Cemex la negativa de autorización al Estudio Técnico Justificativo para el Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales (CUSTF)”.
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Durante la manifestación, Greenpeace expuso que la empresa mexicana tenía “un permiso de parte de la Semarnat para deforestar 4,5 kilómetros cuadrados o 650 hectáreas cerca de Tulum”, señaló el coordinador de la campaña ‘México al grito de Selva’, Carblos Samayoa.
En el comunicado, la Semarnat añadió que el terreno “donde se pretende llevar a cabo el proyecto está cubierto por vegetación forestal, lo que requiere contar con autorización federal en materia de cambio de uso de suelo forestal, independientemente de otros permisos que puedan existir a nivel local o estatal”.
Desde Greenpeace sostienen que en lo que va de este año, en la Gaceta Ecológica de la Semarnat se publicaron autorizaciones para casi 30 bancos de material pétreo, tan solo para el tren Maya.
El pasado lunes, decenas de activistas y ambientalistas se manifestaron afuera de las oficinas de Semarnat en Cancún, algunos de ellos escalaron el edificio y volcaron rocas frente a la sede afirmando la existencia de una autorización de bancos de material pétreo que causarían la deforestación de selva virgen.
El sector de la seguridad privada solicitó este viernes a las autoridades y legisladores un tratamiento diferenciado en la reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales.
Durante el tercer Foro para la implementación de la Semana Laboral de 40 horas, la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP) advirtió que una implementación sin ajustes pondría en riesgo su operación y fomentaría la informalidad.
La directora general de la AMESP,Verónica Torres Landa, explicó que la actividad de vigilancia se desarrolla en turnos prolongados, en “sitios sensibles” como aeropuertos, hospitales, fábricas o eventos masivos.
“Interrumpir sus jornadas por una reducción generalizada no es viable sin afectar gravemente su labor”, afirmó la representante del organismo, quien destacó que el personal enfrenta condiciones de “alto riesgo y presión constante”.
Agregó que reducir la jornada sin una estrategia de cobertura adecuada “podría elevar los errores operativos y la exposición al peligro”.
Según Torres Landa, para cumplir con la cobertura de vigilancia bajo jornadas reducidas, sería necesario duplicar el personal, un escenario financieramente insostenible para muchas empresas del sector formal.
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En consecuencia, advirtió que esto podría incentivar prácticas laborales informales y deteriorar las condiciones que precisamente se pretende mejorar con la reforma.
La directora de la AMESP también alertó sobre las dificultades logísticas que enfrentan los trabajadores de seguridad privada, como largos trayectos nocturnos en horarios sin transporte público, lo que incide en su descanso y calidad de vida.
Ante este panorama, la AMESP propone que la seguridad privada sea clasificada como “trabajo especial” dentro de la Ley Federal del Trabajo, a fin de que su regulación contemple sus “condiciones operativas particulares”.
“No nos oponemos a la mejora de condiciones laborales. Al contrario, queremos que sean sostenibles y seguras para todos. Pero aplicar un esquema único a sectores con realidades tan distintas puede generar más problemas que soluciones”, dijo Torres Landa.
Su participación concluyó con un “llamado respetuoso a las autoridades laborales y legisladores para abrir un diálogo técnico y especializado que permita construir una regulación justa, viable y adecuada a la realidad del país”.
La reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales se encuentra actualmente en discusión en el Congreso mexicano.
Zhi Dong Zhang, ciudadano chino acusado de ser operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se fugó este viernes de una vivienda en la Ciudad de México, en la que se encontraba en prisión domiciliaria.
El sujeto se encontraba en espera de ser extraditado a Estados Unidos, acusado por distintos delitos relacionados con el narcotráfico.
Se tiene conocimiento que Zhi Dong Zhang es responsable de la exportación, transporte y distribución de más de mil kg de cocaína, mil 800 kg de fentanilo y más de 600 kg de metanfetaminas. Asimismo, se tiene conocimiento que ha operado de manera ilícita más de 150 millones de dólares anuales en ganancias de drogas”, señala un informe de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sobre el sujeto.
Al sujeto, apodado ‘El Chino’, se le relaciona con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa.
El periodista Jorge Luis González Valdez, señalado por incitar al odio y a la violencia contra la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, volverá a ejercer su labor luego de que un tribunal ordenara restituir sus derechos.
El Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito consideró excesivas las sanciones contra el periodista, ya que vulneran derechos fundamentales como la libertad de expresión, derecho al trabajo y el acceso a la justicia.
“Las restricciones carecían de proporcionalidad y se pudieron haber adoptado medidas menos lesivas”, se apuntó en el fallo.
Dicha resolución fue aprobada por unanimidad por los magistrados Christian Omar González Segovia, Miguel Ángel González Escalante y Gilberto Noé Martín Pat Betancourt, este último en calidad de ponente.
El periodista Jorge Luis González fue vinculado a proceso el 13 de junio por la jueza Guadalupe Martínez Taboada por los delitos de presunta incitación al odio y a la violencia en contra de la gobernadora Layda Sansores.
La mandataria estatal había detallado en su denuncia que el periodista realizaba contenido “con saña”, incitando a la violencia en su contra. Además consideró que sus notas la dejaban “en la indefensión”.
Por esta razón, la jueza ordenó a González Valdez ejercer la labor periodística durante un periodo de dos años y una indemnización de dos millones de pesos, aunque apuntó que su proceso lo podía llevar en libertad.
Tras darse a conocer este fallo, el periodista dio a conocer que de inmediato activó su plataforma noticiosa y que reiniciará transmisiones.
“Estoy feliz por la decisión que se tomó, apegada completamente a derecho”, dijo en entrevista para el programa de Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula.
“Hoy regreso, hoy ya estaré en mi programa, que se llama Expediente, a través de plataformas porque en Campeche los periódicos escritos no existen, tampoco hay canales locales y el periodismo que se practica es artesanal porque son plataformas”, agregó.
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó de la detención de dos presuntos extorsionadores en Morelia, Michoacán.
En dos acciones realizadas en Morelia, Michoacán, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, elementos del @GabSeguridadMX en coordinación con la UECS de la @FiscaliaMich y la Subsecretaría de Investigación Especializada de la @SSeguridad_Mich, detuvieron a dos… pic.twitter.com/LG1n9mjetz
— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 11, 2025
Por medio de un mensaje en redes sociales, García Harfuch indicó que estas detenciones se realizaron en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, tras una denuncia anónima al número 089.
El funcionario federal identificó a los dos extorsionadores como Juan Carlos “N” y Efraín “N”, quienes fueron capturados por elementos del Gabinete de Seguridad federal, en coordinación con la Fiscalía de Michoacán y la Subsecretaría de Investigación Especializada de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
“Juan Carlos ‘N’ contaba con orden de aprehensión por extorsión y se le aseguró una tarjeta bancaria y dosis de droga. Efraín ‘N’ fue detenido en posesión de un arma larga, cartuchos, cargadores y vehículos, en seguimiento a una denuncia anónima al 089”, dijo.
Por medio de redes sociales, la Secretaría de Seguridad de Michoacán indicó que se trata de dos líderes delincuenciales vinculados al delito de extorsión.
Los operativos para llevar a cabo estas dos capturas se llevaron a cabo en las tenencias Morelos y de San Miguel del Monte, en Morelia.
La dependencia dejó en claro que estará activa en toda la entidad la Estrategia Nacional contra la Extorsión del Gabinete de Seguridad federal.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exhortó a las autoridades mexicanas a garantizar la seguridad de los periodistas Óscar Balderas y LuisChaparro, quienes han denunciado amenazas de muerte tras publicar investigaciones sobre el crimen organizado.
La organización, con sede en Miami, también pidió una investigación exhaustiva y transparente para dar con los responsables de las intimidaciones.
Balderas, colaborador del diario Milenio y especialista en temas de seguridad pública y narcotráfico, denunció la semana pasada haber recibido amenazas de muerte.
“Dejo constancia: hoy recibí tres llamadas de un número privado que me han dicho que me van a matar si sigo investigando crimen organizado”, escribió, según reportó el diario El Universal.
Balderas ha trabajado en medios como Animal Político, Vice News, Univision y MVS Noticias, y ha documentado las operaciones de cárteles como el de Sinaloa y el CJNG.
Por su parte, Chaparro, de Pie de Página y con experiencia en la cobertura del narcotráfico en la frontera norte, también denunció amenazas en su contra el pasado 6 de julio. Chaparro ha colaborado con medios como CNN, Proceso y Vice News.
Ambos comunicadores solicitaron visibilidad sobre su situación como forma de protección ante los riesgos que enfrentan.
Esta amenazas “son un reflejo del peligro extremo que enfrentan los periodistas en México. No se puede permitir que el miedo silencie el trabajo periodístico que es vital para la sociedad”, expresó José Roberto Dutriz, presidente de la SIP.
Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, subrayó la urgencia de una respuesta institucional:
“Exhortamos a las autoridades a abrir investigaciones prontas, imparciales y rigurosas que permitan esclarecer los hechos y determinar responsabilidades”, señaló.
Las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública deUriangato, en Guanajuato, fueron atacadas con un dron que liberó un explosivo.
COMUNICADO IMPORTANTE A LA CIUDADANÍA ⚠️
Publicado por Municipio de Uriangato, Guanajuato en Viernes, 11 de julio de 2025
El ataque ocurrió aproximadamente a las 8:00 h en el edificio ubicado en la calle Juan Pablo II número 40 , colonia Lázaro Cárdenas de dicho municipio.
El Gobierno de Uriangato confirmó la agresión con dron en un comunicado difundido en sus redes sociales, en donde argumentó que el hecho ocurrió durante el pase de lista del personal de este viernes 11 de julio de 2025.
“Durante el pase de lista del personal, se detectó el sobrevuelo de un dron que habría liberado un artefacto explosivo de bajo poder. No se reportan personas lesionadas ni daños al inmueble. Desde el primer momento se activaron los protocolos de seguridad y se cuenta con el apoyo de corporaciones estatales y federales para el análisis del hecho”, indicó.
“En el sitio colaboran elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) y de la Guardia Nacional (GN). Es importante destacar que el evento no fue de gran magnitud, pero está siendo atendido con la debida seriedad y coordinación”, se puntualizó en el boletín de prensa.
De inmediato se implementó un operativo para dar con los responsables de esta agresión, sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad ha informado de personas detenidas por este hecho en Guanajuato.
La Presidencia Municipal de Uriangato indicó que se abrió la carpeta de investigación correspondiente por este ataque con dron.
Cuando el actor cubano Pedro Luis Sicard se mudó a la colonia Condesa de la CDMX en la década de 1990, rentar una vivienda costaba unos 100 dólares al mes, precio que hoy se multiplica hasta por 40 -superando los 4 mil dólares (74 mil 543 pesos, aproximadamente)- en este y otros barrios vecinos donde la gentrificación ha activado el debate público tras las recientes protestas.
Sicard relató a EFE que se asentó en la capital mexicana en 1995 y fue testigo de cómo las colonias Condesa y Roma pasaron de albergar viviendas “muy baratas” -debido al sismo de 1985 que las despobló- a convertirse en barrios exclusivos, una de las demandas asociadas a la marcha contra la gentrificación el pasado 4 de julio, que acabó con destrozos a diversos establecimientos.
“Era una casa de tres recámaras, ahí en la calle de Puebla y Sonora, y pagábamos como mil 800 pesos, después fue subiendo como a 2 mil (pesos)”, recordó el intérprete de telenovelas, que luego se mudó a la vecina Roma Norte, donde su alquiler era de 130 dólares al mes.
El actor cubano Pedro Luis Sicard. Foto de EFE/ Ana Baez
Actualmente, alquilar una vivienda de tres recámaras en la zona cuesta de mil 500 a 4 mil 500 dólares al mes, según la oferta disponible en plataformas inmobiliarias como Remax y Lamudi.
Según Sicard, en los 2000, la Roma seguía “abandonada”, pero una corriente “bohemia” de artistas empezó a invertir en la zona porque “los desarrolladores decían que era un buen lugar” para comprar; una tendencia a la que se sumó adquiriendo un departamento.
En menos de tres décadas y con la llegada de los nómadas digitales por la pandemia de COVID-19 la colonia se fue “gentrificando”, aseguró, tras mencionar que los pequeños negocios se fueron “perdiendo paulatinamente” transformándose en comercios restauranteros.
Hoy, su vivienda -vecina de un restaurante de lujo y ubicada en el epicentro de la gentrificación en la CDMX– está pintada con el mensaje ‘Fuera gringo’ por el paso de la manifestación que agrupaba las demandas de los desplazados por este fenómeno en crecimiento.
“El día que la colonia me quede muy cara igual me voy”, confesó el cubano-mexicano.
La demolición silenciosa
El arquitecto Saúl Alcántara coincidió con Sicard, pues apuntó que los precios de la vivienda han aumentado hasta un 30 por ciento tras la pandemia, a la vez que advirtió otra afectación en el paisaje urbano: la demolición cada vez más frecuente de edificios del siglo XX, los cuales son parte del patrimonio histórico de la Condesa, Roma y Juárez.
Esta demolición sin control ocurre para dar paso a desarrollos comerciales, advirtió el investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
El arquitecto Saúl Alcántara. Foto de EFE/ María Julia Castañeda
Alcántara aclaró que no se opone a la gentrificación, siempre que sea planificada, de lo contrario los propietarios terminan vendiendo a bajo precio, los vecinos son desplazados sin recibir apoyo y se pierde el patrimonio de la ciudad.
“Hay que planificarlo, no dejarlo a la deriva. Este es el primer aviso (la reciente manifestación). El segundo aviso yo creo que va a ser más fuerte, y el tercero, pues el gobierno va a hacer alguna ocurrencia”, señaló el especialista.
De acuerdo con el Proyecto del Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT), cada año se registran 20 mil desplazamientos en la ciudad, una cifra que Alcántara considera podría ser aún mayor debido a la desregulación en los cambios de uso de suelo, que permite convertir predios en negocios o viviendas sin un control efectivo.
En la calle Orizaba, una de las más impactadas por el auge restaurantero, el chef David Portillo resaltó los beneficios de la gentrificación para las ventas, aunque reconoció que el encarecimiento de la zona ha hecho que vivir ahí sea “imposible para el mexicano promedio”.
“Y seamos honestos, si se van los gringos (estadounidenses) no hay forma de que el gobierno pueda limitar eso, las personas van a seguir dando los precios que a ellos les convengan y (…) seguramente habrá mexicanos que tengan el poder adquisitivo para poder vivir aquí. Al final de cuentas, el problema por el que se están manifestando va a seguir”, opinó
Debido a la pasada movilización, el negocio donde trabaja Portillo tuvo desperfectos que superaron los 6 mil dólares.
