MORELIA, Mich (Proceso).– Carmen y su menor hijo de 11 años, Tomás, permanecen en una ciudad fronteriza desde hace más de un año en espera de la oportunidad de cruzar hacia Estados Unidos y solicitar asilo humanitario. Igual que muchas otras personas, la mujer y el niño están huyendo de actos de violencia ocasionados por células del crimen organizado en su lugar de origen.
En 2023, miembros de un grupo delictivo asesinaron al esposo de Carmen, quien para sostener el hogar a partir de entonces se dedicó a vender ropa, zapatos y otros productos en un tianguis de la región. Cuatro meses después, madre e hijo fueron víctimas de reclutamiento forzado por parte de la misma organización criminal.
“Esas personas que mataron a mi esposo –narra la mujer– fueron las que me pusieron a mí… Iban y metían droga a la casa, metían armas… nos subían al carro de ellos y me ponían a que yo manejara… Mataban personas enfrente de nosotros y eso era lo único que hacían… Era en la mañana, en la tarde, en la noche, a cualquier hora, en la madrugada… Agarraban la pistola, se la daban a mi hijo y ‘¡guárdala!’. Le decían que lo iban a enseñar para que fuera sicario de ellos”.
Un día uno de los líderes del cártel se escondió en la casa de Carmen y Tomás, tras asesinar a una pareja de la agrupación rival. Posteriormente se fue y sólo permaneció ahí uno de los pistoleros, quien fue detenido por policías ministeriales que irrumpieron en el domicilio.
El suceso fue aprovechado por la mujer para pedir ayuda a los agentes. Les dijo que no quería seguir en eso, que deseaba irse muy lejos, pero no tenía dinero ni nada. Burlón, uno de los policías le cuestionó: “¿Quieres que yo te dé para el pasaje… que te compre el boleto para que te vayas o qué?”. Ella le respondió que no, pero que podía haber otras maneras de ayudarle, que por eso les pedía apoyo. Y el servidor público sólo dijo: “Ya ves, ¿para qué te andas metiendo con ellos?”
Como pudieron, Carmen y Tomás escaparon del poblado y lograron llegar a la frontera norte del país, donde encontraron refugio en un albergue. En marzo de este año a Carmen le llegó la noticia del asesinato de su hijo mayor, de 27 años, quien se había quedado en su comunidad. Casi al mismo tiempo Tomás enfermó de diabetes.
Con el dolor a cuestas por la tragedia de su primogénito, la mujer trata de encontrar una explicación al decaimiento de la salud de su hijo menor: “Pienso que fue a causa de todas las cosas que hemos pasado y que le han tocado ver a su corta edad”.
Con epicentro en Chiapas
El testimonio anterior forma parte del informe Travesías forzadas: Desplazamiento interno en México 2024, elaborado y presentado recientemente por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana (PDH Ibero), donde se establece que, a causa de la violencia criminal, los enfrentamientos armados y la presencia de grupos delictivos al menos 28 mil 943 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares durante 2024.
Esa cifra representa un incremento de 129% respecto de los 12 mil 623 desplazamientos documentados en 2023, y configura lo que la institución califica como una “emergencia humanitaria silenciosa”, extendida a lo largo de 13 estados del país.
De acuerdo con el documento del PDH Ibero, a lo largo de 2024 se identificó un total de 72 eventos de desplazamiento interno masivo causados por violencia armada, conflictos sociales o desastres asociados a fenómenos naturales, por lo que además de creciente, se trata de un fenómeno invisibilizado y deficientemente atendido por el Estado.
El informe de la Universidad Iberoamericana expone que 79% de los desplazamientos fueron detonados por acciones violentas de grupos criminales: asesinatos, enfrentamientos armados, amenazas colectivas, desapariciones, bloqueos carreteros y ataques con drones y explosivos. El resto se originó por conflictos agrarios o comunitarios (15%) y por desastres asociados a fenómenos naturales (6%).
En la mayoría de los casos los desplazados enfrentan condiciones de extrema precariedad como falta de albergue, atención médica, servicios básicos y protección, además de que sus derechos humanos son sistemáticamente vulnerados ante la inacción de las autoridades.
Durante 2024 el epicentro de la crisis de desplazamientos forzados se localizó en Chiapas, particularmente en su frontera con Guatemala, debido a los enfrentamientos entre grupos criminales en municipios como Frontera Comalapa, Tila, Pantelhó, Motozintla y Chicomuselo.
El documento revela que, con 17 mil 865 personas desplazadas, Chiapas concentró 61.8% del total nacional.
Estrategia a medias
Uno de los casos más dramáticos ocurrió en Tila en junio de 2024, cuando más de seis mil 800 personas huyeron simultáneamente luego de la irrupción de civiles armados, quema de viviendas y cierre del acceso por carretera. La violencia fue tan intensa que al menos 600 personas cruzaron a pie hacia Guatemala, buscando un refugio que el Estado mexicano no les garantizó.
El segundo estado más afectado fue Sinaloa, con cuatro mil 480 personas desplazadas (15.5%), sobre todo en la zona serrana de Badiraguato, en comunidades como San José del Llano, donde se reportaron enfrentamientos entre facciones del cártel de Sinaloa.
Le siguen Michoacán y Chihuahua, cada uno con 5.4% de los casos, y Guerrero con 4.8%; también se documentaron desplazamientos en Sonora, Durango, Jalisco, Zacatecas, Hidalgo, Oaxaca, Veracruz y Nayarit.
La región de Tierra Caliente, en Michoacán, ha vivido tres grandes oleadas de desplazamiento forzado desde el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico, en 2006. La más reciente comenzó en diciembre de 2020 y se mantiene vigente.
Un consejero del Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán (OSHRA) explica en entrevista con Proceso que en la zona prevalecen los llamados “desplazamientos a cuentagotas”: movimientos discretos de pocas familias, difíciles de documentar, pero persistentes y devastadores.
“La gente huye sin que nadie se entere. Por eso en los informes como el de la Ibero, sólo aparecen los eventos masivos, aunque el fenómeno real es mucho más amplio”, señala.
El consejero reconoció avances como la implementación de un reglamento municipal específico en Apatzingán –único en el país–, que prevé la atención diferenciada a personas desplazadas, y que faculta al ayuntamiento a coordinarse con el estado y la federación. Sin embargo, critica que este reglamento esté siendo subutilizado.
Ante los recientes desplazamientos ocurridos en comunidades del municipio, comenta el entrevistado:
El ayuntamiento ha ofrecido una línea de WhatsApp, albergues, medicamentos, regularización escolar y expedición de documentos oficiales, pero falta lo más importante: evaluar riesgos, canalizar adecuadamente los casos y construir condiciones reales para un retorno seguro.
A escala nacional, el PDH Ibero advierte que el Estado mexicano sigue sin reconocer plenamente a las personas desplazadas como víctimas de violencia generalizada. No existen mecanismos oficiales de registro, seguimiento ni atención integral, y muchos gobiernos estatales y municipales tienden a minimizar o negar los hechos.
La falta de legislación agrava el problema: en abril de 2019 el gobierno federal reconoció oficialmente el desplazamiento forzado y en 2020 la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la iniciativa de Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno y fue turnada al Senado, donde no avanzó en comisiones y en abril de 2024 fue desechada por acuerdo de la Mesa Directiva del Senado.
El informe del PDH Ibero califica lo anterior como “un grave retroceso en el reconocimiento y la garantía de los derechos de las personas desplazadas internas en México”.
El representante del OSHRA (organismo que participó en el informe del PDH de la Universidad Iberoamericana) señala que en el caso de Michoacán un proyecto de ley estatal en la materia fue presentado en octubre de 2023, pero permanece detenido en la Consejería Jurídica del Gobierno del estado, en tanto que las autoridades estatales han reconocido públicamente que Apatzingán y Buenavista son los municipios michoacanos con mayor número de desplazados y también los que registran más artefactos explosivos decomisados, dos fenómenos íntimamente vinculados.
De acuerdo con el documento “Travesías forzadas”, si bien ha habido algunos avances como la aprobación de leyes estatales en materia de desplazamiento interno y sentencias favorables, como la otorgada por la SCJN en 2024 a familias desplazadas en Chihuahua, “la respuesta gubernamental ha sido gradual y fragmentada”.
Expone que, pese a las movilizaciones y exigencias de las comunidades afectadas, en muchos contextos las autoridades de los tres niveles de gobierno han adoptado una posición restrictiva, argumentando que, en ausencia de una denuncia penal formal o de una amenaza directa identificable, el desplazamiento interno por violencia no puede ser reconocido oficialmente.
“Aunque en algunas entidades, como Sinaloa, se han documentado casos en los que se brinda atención sin requerir denuncia previa, esta no es la regla general. La falta de criterios homogéneos y de un marco normativo que reconozca de forma clara el fenómeno limita el acceso a mecanismos de protección y apoyo, y contribuye a que el desplazamiento interno se consolide como un fenómeno estructural, derivando en una crisis humanitaria de mayor escala”, añade.
El estudio del PDH Ibero advierte que corresponde a las autoridades reconocer, registrar y atender el desplazamiento interno en el país, pero enfatiza que las respuestas institucionales son predominantemente reactivas, es decir, ocurren una vez que el desplazamiento ya ha tenido lugar.
Esta estrategia resulta insostenible. Es urgente redirigir los esfuerzos hacia la prevención de los desplazamientos y hacia la protección y reparación integral de las personas desplazadas internas, más allá de la profundización de estrategias militares dirigidas exclusivamente al combate de grupos de delincuencia organizada.
El documento hace notar la necesidad de aprobar una Ley General sobre Desplazamiento Interno Forzado, la creación de un sistema nacional de atención integral, el establecimiento de registros oficiales actualizados y la incorporación de criterios socioeconómicos que permitan evaluar si existen condiciones reales de retorno”.
En suma, el PDH Ibero advierte que la tragedia del desplazamiento forzado interno en México continuará agravándose si el Estado no asume su responsabilidad con enfoque de derechos humanos. Mientras tanto, miles de personas seguirán huyendo, sin casa, sin escuela, sin justicia y sin garantías de regreso.
“Esta crisis no sólo trunca trayectorias escolares o laborales; destruye comunidades enteras y pone en evidencia que hay territorios donde el Estado mexicano ha dejado de estar presente”, concluye el consejero del Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán.
